El PNV ha planteado en el Congreso de los Diputados un cambio legal para habilitar la revisión de contratos públicos en servicios externalizados de hasta el 20% de su precio para poder adaptarlos cuando haya subidas salariales pactadas por encima del 2%.
La propuesta ha sido registrada como enmienda al proyecto de ley derivado del segundo decreto aprobado por el Gobierno para afrontar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania, y que en estos momentos tramita el Congreso.
Revisión excepcional
Se trata de una revisión del precio del contrato "con carácter excepcional" cuando no exista ninguna fórmula o procedimiento para revisar los precios, que los gastos de personal (sueldos y cotizaciones sociales) supongan más del 50% de los costes del contrato y que la subida salarial pactada en convenio exceda el 2%.
En caso de darse todas estas condiciones, el contratista podrá solicitar la revisión de precios, teniendo derecho a ella en el mismo porcentaje que establezcan los Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de personal del sector público, hasta un máximo del 20% del precio total licitado.
En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha defendido que hasta ahora se han permitido revisiones de contratos, pero limitadas al encarecimiento de los materiales de construcción, en contratos de obra, mantenimiento o suministro.
Facilita subidas salariales sin cinflictividad
Sin embargo, ha señalado que en todas las escalas de la Administración, tanto central como autonómica, local o foral, "hay problemas para mantener estos contratos", que no se pueden revisar si no son de una duración mayor a los cinco años.
Esteban, que ha calificado la medida de "absolutamente necesaria" en el actual contexto económico caracterizado por un alza de precios, ha asegurado que de esta forma "se facilita la adopción de acuerdos salariales evitando la conflictividad laboral y garantizando la prestación del servicio".
Esta revisión de precios de los contratos públicos de servicios afectaría a aquellos que estén en vigor y a los que se hayan lanzado a licitación, un asunto que, en palabras del propio portavoz, "estaba absolutamente atascado y no se había atendido".