El PNV pone en evidencia el uso judicial "partidista" de Bildu tras el archivo de Bidegi

El PNV ha visto una vez más cómo se evapora una denuncia de EH Bildu en contra de las instituciones que gobierna. El sobreseimiento de la querella contra la Diputación de Gipuzkoa por el caso Bidegi, que la jueza desmonta de manera categórica porque se basa en un informe “repleto de errores” y no tiene en cuenta los múltiples desprendimientos e incidencias que registró la obra de la AP-1, es únicamente la punta del iceberg para el PNV, que ha denunciado durante años una estrategia judicial tanto de la izquierda abertzale como de plataformas afines, con denuncias que en su inmensa mayoría quedan en nada, y que tendrían la única finalidad de buscar la pena del telediario y el desgaste de los jeltzales. Esta querella contra Bidegi se presentó tres días antes del inicio de la campaña de las elecciones municipales y forales de 2015.

La puntilla la ha puesto el auto de la jueza de primera instancia e instrucción número 2 de Azpeitia, Claudia Núñez, quien decreta el sobreseimiento provisional de una de las dos denuncias de Bildu contra Bidegi, que afecta a la etapa del entonces diputado general Markel Olano. Tumba la querella que señalaba delitos de malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, falsedades documentales, infidelidad en la custodia de documentos y encubrimientos. Bildu hablaba de un desvío de 17 millones y de una cantidad hormigón que fue pagada pero no utilizada en la obra de la AP-1 entre Gasteiz y Eibar, en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte.

La cuestión es que esta denuncia la defendían ya en solitario varios exjunteros de EH Bildu, porque el Ministerio Fiscal tampoco había visto indicios de delito, y la propia Diputación de Gipuzkoa, bajo el gobierno del PNV, había encargado un informe que contradecía el impulsado por esa institución cuando la lideraba Bildu, y recordaba, por ejemplo, que hubo al menos 144 desprendimientos frente a los 20 que contabilizó la coalición abertzale, y son estos desprendimientos los que se reparan con hormigón.

La actual diputada general de Gipuzkoa, la jeltzale Eider Mendoza, ha considerado este miércoles que el auto es un refrendo “al buen funcionamiento y a la integridad” de la Diputación y de Bidegi, y quienes buscaron dañar al rival político con “datos erróneos” han quedado desacreditados. Mendoza quiso ser moderada en su reacción porque el sobreseimiento es provisional, se puede recurrir y además sigue en activo la primera querella de Bildu, pero puso en valor que el primer auto ya echa por tierra los “errores y omisiones” de su informe. Reivindicó el “buen nombre” de las instituciones ante una querella “injusta, infundada y con fines partidistas”.

Más denuncias archivadas

Este sobreseimiento pone el colofón a toda una serie de denuncias de EH Bildu, del ámbito sindical o de plataformas afines que también han quedado en agua de borrajas. En el caso de Gipuzkoa, ELA interpuso cinco denuncias relacionadas con las residencias de mayores en el momento más duro de la pandemia, con el argumento de que se estaba vulnerando el “derecho a la salud y la vida de los trabajadores”, y perdió las cinco. La Justicia dictaminó que se había hecho un esfuerzo en condiciones muy adversas y que, si hubo cierto desabastecimiento de materiales de protección, se produjo a nivel mundial y se subsanó en cuanto se pudo. La Diputación destaca que las personas trabajadoras de Argixao e Iturbide, incluso, se pronunciaron contra ELA.

También fueron archivadas las querellas contra los directores forales de Montes y de Medio Ambiente por las pistas de Aralar. Las asociaciones Eguzki y Landarlan denunciaron las obras de acondicionamiento para vehículos por motivos medioambientales. Por otro lado, la Fiscalía archivó igualmente las denuncias de GuraSOS contra la puesta en marcha de la incineradora de Zubieta, una denuncia que cuestionaba los procedimientos para la autorización ambiental y llegaba a señalar hasta quince delitos. El archivo fue celebrado en ese caso por los socialistas, que gestionan ese departamento. El PSE denunció la estrategia de “hostigamiento” y las “presiones de EH Bildu y GuraSOS tratando de condicionar la gestión”.

Si hay un territorio donde se han extendido estas denuncias, ese es Bizkaia, donde EH Bildu interpuso querellas contra varios alcaldes jeltzales que fueron rechazadas por la justicia. Así sucedió con la denuncia contra el exalcalde de Bermeo Xabier Legarreta, por prevaricación urbanística en la gestión de viviendas de protección oficial; la interpuesta contra el exalcalde de Güeñes Koldo Artaraz por la gestión del albergue municipal; la que afectó al exalcalde de Muskiz Borja Liaño por denegación de información; la dirigida contra el exalcalde de Balmaseda Joseba Zorrilla por la adjudicación del polideportivo municipal Errotarena; la que afectó al exalcalde de Bakio Aitor Apraiz por el museo del txakoli; o la denuncia del PP respaldada públicamente por EH Bildu contra el exalcalde de Leioa Eneko Arruabarrena por el polideportivo de Pinosolo.

Las denuncias han alcanzado también al Gobierno vasco, donde el caso más paradigmático lo encarna el exconsejero de Salud, Jon Darpón, señalado por la presunta filtración de exámenes en las OPE de Osakidetza de varias disciplinas médicas. La denuncia de LAB, sindicato de la izquierda abertzale, recibió un varapalo judicial al quedar descartado “siquiera indiciariamente” cualquier delito por parte de Darpón. Esta sentencia constituyó una especie de desagravio para el exconsejero en términos de imagen pública, aunque políticamente le llegó tarde porque ya había dimitido más de dos años antes para evitar que este caso se utilizara como ariete para desgastar al Gobierno de Urkullu.

El 'caso Bidegi'

El caso Bidegi arrancó en 2013, de manera rocambolesca, con las acusaciones de Bildu a Markel Olano. Insinuaron que había ocultado las facturas correspondientes al periodo temporal de 2007 a 2011, unas facturas que supuestamente estaban extraviadas y aparecieron al día siguiente en una caja en un almacén de la propia Bidegi. La entonces diputada de Infraestructuras de Bildu, Larraitz Ugarte, había enviado un burofax a Olano dándole 24 horas para devolver los papeles e insinuando una infracción del artículo 413 del Código Penal, que regula la sustracción de documentos públicos. El PNV reaccionó con enfado cuando las facturas aparecieron en el almacén y se preguntó si Bildu no podría haber gestionado esa duda con normalidad con Olano en lugar de lanzar ese ultimátum y sembrar la sospecha.

El diputado general de Bildu, Martin Garitano, contribuyó a extender la sombra de la duda cuando dejó caer que, “si alguien tiene algo que ocultar, seguramente tiene buenas razones para estar muy preocupado”. Poco después añadiría que “alguien borró datos de los ordenadores de Bidegi”. La primera querella de la Diputación liderada por Bildu llegaría en noviembre de 2014. La comisión de investigación de las Juntas, por su parte, arrojó sus primeras conclusiones en puertas de las elecciones municipales y forales de mayo de 2015, y en ellas quedaron señalados como responsables políticos Olano y el alcalde de Donostia, Eneko Goia, que era diputado de Infraestructuras Viarias.

La justicia dictamina ahora que “de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito” por parte del director de obra, José Manuel Vacas Muñoz; el representante del contratista UTE Arlaban, Juan Francisco García Morante; y el entonces director técnico de Bidegi, Agustín Zugasti Arizmendiarrieta, así como la ingeniera de Bidegi Mirari Azurmendi por encubrimiento, y la administrativa Silvia Armenteros Román. La querella se basaba en un informe suscrito por Ingeotic y sostenía que Bidegi abonó a UTE Arlaban “una cantidad mucho mayor de lo realmente ejecutado’’ y también “trabajos no realizados”. 

"Deficiencias, errores..."

La jueza concluye que “se han encontrado innumerables deficiencias, errores y omisiones en los informes presentados que invalidan todas y cada una de las conclusiones establecidas en el informe de la empresa Ingeotic”. La jueza constata “numerosas incongruencias” y que los propios ingenieros de Ingeotic reconocieron en sede judicial que no analizaron si las ocho partidas que la querella creía “no ejecutadas’’ fueron realizadas.

Concluye que Arlaban “tuvo tuvo que ejecutar numerosos trabajos no previstos en el proyecto”, y que hubo “multitud de incidencias, tales como cerca de 140 desprendimientos, inundaciones a causa del río Nebrako, problemas de mala certificación, presencia de anhidritas, cambios de la normativa de custodia de explosivos a raíz de los atentados del 11 de marzo en Madrid que supusieron, consecuentemente, los cambios de polvorines y el incremento de personal de seguridad, etc”. “Habiéndose acreditado que el informe sustentador de la querella estaba repleto de errores” y ante el coste de un nuevo informe, acuerda el sobreseimiento provisional. Cabe recurso en cinco días.