El 28 de junio de 1951, la policía del supuestamente democrático gobierno francés desalojó por la fuerza la delegación parisina del Gobierno vasco para entregársela al régimen franquista en cumplimiento de una sentencia dudosamente ajustada a derecho. Más de 73 años después, el emblemático edificio del 11 de la Avenue Marceau vuelve a manos de su legítimo propietario, es decir, el PNV.
Así lo reconoce este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publica el decreto en ese sentido aprobado ayer por el Consejo de ministros.
Se hace “en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática” y después de una exhaustiva investigación que ha permitido acreditar sin ningún género de dudas “que el origen de los fondos con que se abonó la compra inicial del edificio no era ni podía haber sido del Gobierno vasco sino que fueron recaudados en 1936 por parte del PNV”.
Esa aparente formalidad ha estado en la clave de la batalla legal y política de los jeltzales desde que, tras la muerte de Franco, los diferentes gobiernos españoles se han negado sistemáticamente a devolver los locales que hoy ocupa el Instituto Cervantes alegando que el partido no podía acreditar su propiedad.
Resulta llamativo, aunque perfectamente explicable en términos políticos, que la actual investigación reconozca probado lo que ya han documentado diferentes historiadores a lo largo del tiempo.
“Histórica y de justicia”
El Euzkadi Buru Batzar se ha apresurado a mostrar su satisfacción por una decisión que considera “de justicia, ya que reconoce sin ningún género de dudas que el edificio lo adquirió EAJ-PNV, y es histórica, pues viene a atender una reivindicación legítima que EAJ-PNV lleva décadas planteando”.
La Ejecutiva jeltzale ha querido recordar, en este sentido, que la recuperación del emblemático edificio se debe al esfuerzo que “decenas y decenas de cargos y militantes de EAJ-PNV han realizado durante estos años, manteniendo viva la llama de esta reivindicación. La decisión que hemos conocido hoy constituye el mejor reconocimiento y el mayor homenaje a su gran trabajo durante todo este tiempo”.
El EBB valora “sobremanera” que en la toma de esta resolución “haya pesado de forma decisiva una circunstancia relevante: queda plenamente probado y demostrado que, si bien lo utilizó el Gobierno vasco en el exilio, quien adquirió y pagó el edificio fue EAJ-PNV”.
El acuerdo del Consejo de ministros establece que, para facilitar el traslado de la sede parisina del Instituto Cervantes, se habilita un periodo de transición que concluye en 2030. Hasta esa fecha, el Estado abonará al PNV una renta anual “a precio de mercado” por el uso de las instalaciones.
Prometido por Rajoy
Los jeltzales recuerdan, además, que en 2018, dentro de las negociaciones para apoyar los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, el PP se comprometió a la devolución inmediata del inmueble.
Semanas después, cuando se planteó la moción de censura que llevaría a Pedro Sánchez a La Moncloa, el propio futuro presidente le aseguró en persona a Andoni Ortuzar que llevaría a cabo todas las promesas contraídas por Rajoy, incluida la que se acaba de hacer efectiva.
Un largo camino
La devolución consuma un largo camino con multitud de vicisitudes.
Principios de 1937 El diputado del PNV y delegado del Gobierno vasco en París Rafael Pikabea alquila el edificio del número 11 de la Av. Marceau para convertirlo en sede del Gobierno de Euskadi en la capital francesa y redacción del boletín Euzko Deya.
8 de octubre de 1937 El edificio es finalmente adquirido por el PNV gracias a las aportaciones de vascos residentes en América. Se abonaron 1.460.000 euros y la formación jeltzale cedió el uso del inmueble al Gobierno vasco. En este punto es importante subrayar que los fondos procedían de una colecta promovida por el PNV en septiembre de 1936, antes de la conformación del primer Gobierno vasco.
Principios de 1941 Tras la entrada del ejército nazi en parís (22 de junio de 1940), y tras múltiples presiones, el edificio fue entregado por los alemanes a las autoridades franquistas, que habían reclamado a los invasores y al gobierno colaboracionista la propiedad de todas las instalaciones de la República, caso en el que no entraba el inmueble.
Agosto de 1944 A días de la liberación de París (20 de agosto), los franquistas desalojaron precipitadamente el edificio que ocupaban ilegalmente. Pocos después, varios vascos que integraban las tropas liberadoras del ejército de Leclerc recuperaron las dependencias en nombre del Gobierno de Euskadi y desde entonces volvieron a operar como delegación del Ejecutivo en el exilio y sede de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos.
1945-51 A instancias del gobierno español, se siguen manteniendo diferentes procesos judiciales que persiguen la entrega de los locales al régimen franquista. Una sentencia de 1943 a favor de los demandantes es clave en todas esas actuaciones.
6 de junio de 1951 El presidente del Tribunal Civil del Sena ordena por procedimiento de urgencia la expulsión de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos de los locales de Avenue Marceau,número 11.
28 de junio de 1951 Las autoridades francesas ordenan a su policía que ejecute el desalojo sin contemplaciones. Ese mismo día, el lehendakari José Antonio Agirre difunde su célebre nota que comienza así: “Salimos de este edificio expulsados por la fuerza pública en cumplimiento de una sentencia que titula de ladrón al Gobierno vasco, sentencia obtenida durante la ocupación alemana bajo la protección del enemigo. Yo protesto contra esta violencia y declaro que nuestro honor, nuestra limpia conducta y nuestra tradición merecían otro trato”.
1977- Actualidad Ahí comenzó la batalla del PNV por la recuperación de su histórica sede. Desde las primeras elecciones tras la muerte de Franco, la reivindicación de los jeltzales se ha mantenido tanto en el terreno político como en el judicial. Los diferentes Ejecutivos españoles siempre se han mostrado reacios a devolver el edificio a su legítimo propietario, alegando que que no existía documentación que acreditase la compra. La instalación, en 2009, de la sede parisina del Instituto Cervantes en los locales supuso echar más sal en una herida que ahora está a punto de cerrarse no solo en virtud de negociaciones políticas sino de lo que recoge la propia ley de Memoria Democrática.