Aunque respondió al PNV con una sonrisa en un intento de quitarle hierro como si fuera una chanza entre socios, a Pedro Sánchez le molestó el dardo que le lanzó Aitor Esteban. "No creo que sea yo don Tancredo", dijo el presidente español en su última réplica, ya a punto de recoger los bártulos y terminar el debate sobre el espionaje este jueves en el Congreso. "No soy una persona que mire para otro lado", continuó, incapaz de dejarlo estar. "Tengo muchos defectos, pero no ese", prosiguió, siempre con una sonrisa correspondida por el jeltzale desde su escaño.
El portavoz del PNV en el Congreso había ido directo al punto que más escuece y había reprochado al PSOE su "inacción" a la hora de "democratizar" a un Estado que se encuentra en "una transición permanente": por dejar en el limbo la propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales del PNV desde hace seis años, por la negativa a hincar el diente a la inviolabilidad de un rey emérito que se paseó en su regata sin dar explicaciones sobre sus negocios, o por unos tribunales que, como hace ahora el Supremo con los indultos a los soberanistas catalanes, cambian de decisión de un día para otro, o son restrictivos como el Constitucional.
De ahí que Esteban se congratule de que Sánchez haya "dado la razón" a los jeltzales y se disponga ahora a presentar una reforma del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, pero se muestra al mismo tiempo cauteloso. Esteban se acogió a la máxima de "Santo Tomás", en alusión a su "ver para creer". El PNV lleva años defendiendo en el Congreso de los Diputados una agenda de transparencia y regeneración que no termina de encarrilar el PSOE a pesar de presentarse como el abanderado en ese terreno.
"OLA DE TRANSICIÓN PERMANENTE"
qué es más grave: que conociera el espionaje a los soberanistas o que no lo hiciera y el CNI actúe como una célula autónoma.
Le volvió a preguntar si está seguro de que no hay sectores que actúan de espaldas al Gobierno español, y recordó que las estructuras de las fuerzas de seguridad se heredaron durante la transición "sin encarar su depuración". Le preguntó también si va a ordenar que se prohíba la utilización del programa de espionaje de móviles Pegasus. Pide que "no cierre en falso" la crisis y que abra una comisión de investigación.
LA REFORMA DEL CNI DE SÁNCHEZ: ¿CONTROL JUDICIAL... Y POLÍTICO?
Sánchez está dispuesto a extender el control a los espías del CNI más allá de la autorización judicial previa grado de ejecución
Parece que el Gobierno español quiere estudiar la extensión del control judicial y establecer algún mecanismo de control interno, con la comparecencia anual en el Congreso de la jefa de los servicios secretos, Esperanza Casteleiro, o una rendición de cuentas habitual sobre los medios de cada espionaje en la comisión de gastos reservados. Más complicado parece el control político que plantea el PNV, que la jefatura del CNI la designe el presidente del Gobierno español para que sea el responsable directo máximo. Sánchez no dejó de ponerse de perfil este jueves con el espionaje, asegurando que él no controla nada, y que el control es judicial, de los fondos reservados y en la comisión parlamentaria, que hasta hace poco ni estaba constituida.
Esteban hizo mucho hincapié en que el control judicial previo no da garantías de nada. Se mordió la lengua, y aclaró que no puede revelar por ley nada de lo que leyó en la comisión de los fondos reservados, pero dejó caer que "el juez no sabía lo que estaba autorizando". Se ofreció a explicárselo a Sánchez en privado.
ENREDO EN LA LEY DE INFORMACIÓN CLASIFICADA
dos años bloqueada en la Mesa del Congreso por partidos como el PSOE la muerte de Mikel Zabalza o los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz.
La ley actual data del periodo franquista, de 1968, y permite clasificar prácticamente cualquier materia con apelaciones genéricas a los "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". La clasificación queda en manos del Consejo de Ministros y el Consejo de jefes del Estado Mayor. Sánchez se ha encomendado a esta ley también para evitar dar explicaciones sobre sus vuelos en el Falcon o sobre la acogida al líder del frente Polisario Brahim Gali. Su Gobierno ha prometido reformarla pero sufre constantes aplazamientos.