El PNV y el PSOE han registrado en el Congreso una iniciativa conjunta para reformar la ley del suelo, después de que el Gobierno español tuviera que retirar su proyecto de ley hace tres semanas ante la seguridad de que no saldría adelante por falta de apoyos. De hecho, Sumar, socio del Ejecutivo de coalición, se descolgó del consenso en el Consejo de Ministros.
La iniciativa conjunta tiene el objetivo principal de reformar el artículo 55 de la norma. “Los municipios pueden tardar varias legislaturas en realizar un Plan General de Ordenación Urbanística, y que un defecto de forma subsanable eche al traste el trabajo, el dinero y el futuro urbanístico de un municipio no es aceptable”, ha destacado la diputada jeltzale Maribel Vaquero
El texto, presentado ayer a última hora, tiene 25 páginas y, en lo básico, es el mismo de la propuesta original. Se han modificado algunas cuestiones técnicas para dejar claro que las competencias sobre la materia
Desde el mismo día de la retirada, el PNV manifestó su intención de implicarse en la búsqueda de una solución al bloqueo. Los jeltzales entienden que esta norma es una demanda fundamental para las entidades locales.
Documento de registro para modificar la ley del Suelo
Con la nueva redacción, será difícil que Junts y ERC puedan argumentar que la ley invade competencias propias. La duda sigue estando en la posición que tomará Sumar. El PP, que en su momento no quiso apoyar la ley por motivos electorales, sostiene ahora que está manteniendo contactos a varios niveles para llevar su propia propuesta de ley del Suelo al Senado, donde tiene mayoría absoluta.
En cualquier caso, la diputada jeltzale sostiene que su grupo confía en que "el resto de grupos parlamentarios del Congreso apoyen esta reforma que busca solucionar un problema que puede afectar a todos los municipios del Estado".
Ley fundamental para los ayuntamientos
La norma que fue rechazada contaba con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No es para menos pues, entre otras cuestiones, uno de sus principales objetivos es que los planes de ordenación urbana no sean paralizados por defectos menores que puedan ser fácilmente subsanables.
Además, otra de las metas de la ley es facilitar la construcción de viviendas asequibles, con medidas alternativas sobre la obtención de licencias y la eliminación del silencio administrativo para su concesión.