El PNV y el PSE cierran un acuerdo para revisar el modelo fiscal vasco

El PNV y el PSE han alcanzado un cuerdo para revisar y modificar el modelo fiscal y tributario que consideran permitirá "avanzar en la progresividad impositiva, mejorar la distribución de las rentas, dar respuesta a desafíos y retos pendientes y dotar de recursos suficientes a las instituciones para avanzar en el refuerzo y mejora de los servicios públicos". Este pacto se plasmará en un proyecto de norma que aprobarán los Consejos de Diputados de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba para ser después tramitados, debatidos y votados en las Juntas Generales de los tres territorios.

Mano tendida

Los jeltzales y los socialistas tienden la mano al resto de formaciones para que se sumen al acuerdo y se puedan conformar grandes mayorías que "además de garantizar la aprobación de las nuevas normas forales y tributarias, permitan compartir unos objetivos en beneficio de las justicia social y el bienestar de toda la ciudadanía".

El PNV y el PSE suman la mayoría necesaria para sacar adelante la reforma fiscal en las Juntas Generales de Bizkaia, no así en las de Gipuzkoa y Araba en la que deberían sumar a otras fuerzas al acuerdo si quieren dar luz verde al modelo fiscal.

El PP dispuesto a negociar

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha mostrado la disposición de su formación para alcanzar un acuerdo en materia fiscal con PNV y PSE, aunque ha advertido de que ve a las dos formaciones que conforman el Ejecutivo vasco "más cómodas" pactando con EH Bildu.

El dirigente de la formación popular, cuyos votos serían necesarios para sacar adelante la modificación tributaria en las Juntas de Araba y Gipuzkoa, ha reiterado que el PP vasco está "en disposición de facilitar las cosas" a empresarios, trabajadores y autónomos a través de una reforma fiscal que baje los impuestos.

"Si están en esas claves estamos dispuestos a colaborar... vamos a ver lo que nos plantean", ha detallado.

Claves del acuerdo

El acuerdo entre el PNV y el PSE llega tras un periodo de negociación en el que ambas formaciones han intentado acercar posturas después de que firmaran un acuerdo para presentar un plan común antes de que termine este 2024.

Tanto los jeltzales como los socialistas han querido poner en valor la efectividad del modelo fiscal vasco vigente que consideran ha servido para financiar unos servicios públicos de calidad y dar apoyo a la economía productiva, incluso en momentos de crisis como se ha podido comprobar con la pandemia o con el estallido de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el PNV y el PSE consideran que el nuevo modelo dará las instituciones públicas medios para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad y reforzar los servicios públicos en un momento en el que hay que hacer frente a los retos demográficos y en el que se está afrontando la reconfiguración de las políticas de cuidados. Además, las formaciones firmantes creen que las novedades fiscales impulsarán la innovación y la competitividad del tejido económico y social vasco y que permitirán dar pasos para lograr algunos de los objetivos de la legislatura como crear empleos más dignos, favorecer la emancipación de los jóvenes o proteger a los colectivos desfavorecidos.

A falta de concretar las medidas, PNV y PSE señalan que la nueva fiscalidad impulsará "la transición verde, la descarbonilación, la eficiencia energética y las energías renovables". Además, las formaciones firmantes del acuerdo afirman que las medidas permitirán incrementar el parque de viviendas en alquiler y promover medidas que favorezcan la conciliación y el acceso al mercado laboral.

Discrepancias previas

El acuerdo llega días después de las discrepancias mostradas entre el PNV y el PSE sobre el futuro del gravamen a las energéticas y a la banca. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, acusaba al PNV de jugar dumping fiscal, para bajar los impuestos y competir con otras comunidades, tras las declaraciones del lehendakari en las que Imanol Pradales abogaba por regular desde las instituciones vascas el alcance y contenido de la tasa sobre las empresas energéticas si el Gobierno español la convierte en un impuesto permanente.