Tras cuatro horas de intenso debate, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no acordó los nombramientos para el Tribunal Constitucional (TC) y se limitó a fijar las normas para la elección de los dos magistrados que, sin embargo, no recogen fecha alguna en el horizonte para la designación, de manera que todo apunta a que incumplirá el plazo previsto por la ley, que acaba el próximo martes día 13. No hubo sorpresas en un escenario donde el bloque conservador está dispuesto a mantener de forma permanente el bloqueo si no se produce un consenso al respecto entre el Gobierno y el PP.
Los vocales aprobaron por unanimidad unas reglas de procedimiento donde se recoge que la convocatoria del pleno para votar a los candidatos tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, por propia iniciativa o lo soliciten, al menos, cinco vocales, pero la solicitud deberá incluir los nombres de dos candidatos. Los vocales podrán votar a un máximo de dos aspirantes en cada votación y la designación se tendrá por realizada solo en caso de que dos candidatos hayan obtenido el número de votos exigido por el quórum de votación previsto para el nombramiento (tres quintos del número de miembros presentes en el pleno), ya sea de manera simultánea o sucesiva.
Pese a que el resultado del pleno era un secreto a voces, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no han querido detallar cuál iba a ser su posición en caso de que el CGPJ incumpla la fecha acordada por la ley. Todo esto obedece a que, según fuentes del sector conservador, nadie quiere ir al TC, si bien los del sector progresista desmienten este planteamiento porque hay “magistrados de un lado y del otro” dispuestos a postularse. La posición de los conservadores desafía el planteamiento de Lesmes, quien manifestó su oposición a que el Consejo “se declare en rebeldía” y que asumió esta cuestión como una prioridad absoluta, al margen de que esté totalmente en desacuerdo con la reforma impulsada por el Ejecutivo para devolver al CGPJ su potestad para hacer nombramientos en el TC, y no en el Supremo. Ello llevó a Lesmes a amenazar con su dimisión en las próximas semanas por esta falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo, aunque lo haría una vez culminada la renovación del Constitucional. Así las cosas, no se atisba una salida en este callejón y se abre un panorama incierto. Algunos vocales señalaron a la agencia Efe que la situación, más allá de las normas fijadas, es de parálisis. “Sin candidatos, no hacemos nada”, sostienen, una postura que desde fuentes progresistas perciben como una oposición encubierta a la reforma emprendida por el Gobierno.
En paralelo, los vocales debatieron sobre la abstención de uno de ellos, el progresista Enrique Lucas –nombrado en su día a propuesta del PNV–, que es hermano del magistrado del Supremo Pablo Lucas, uno de los candidatos que el bloque progresista plantea como opción. Al final se acordó que solo se abstendrá hasta que se descarte la candidatura de su hermano –porque sea elegido o porque no reúna votos bastantes–.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, destacó que su partido está “en disposición de negociar”, que es “responsable” y quiere “reforzar la separación de poderes”. Recordó también que el PP pretende cambiar la ley para que sean los jueces los que elijan a los jueces, pero asumiendo ahora que la renovación pendiente debe realizarse con la normativa actual. Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, reseñó que el PSOE tiene nombrados a sus candidatos, pero “necesita que el PP haga un gesto y diga los suyos”. “Anteponer condiciones indica que no hay voluntad”, zanjó, reiterando que la dimisión de Lesmes supondría un “escándalo”.