Los responsables de la Delegación Saharaui en España han respondido al juez de Zaragoza que investiga la presunta entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que desconocen "totalmente el hecho", en relación a su estancia en el país para ser tratado de un coronavirus agravado en el hospital de Logroño.
"En lo referente a las preguntas formuladas y dirigidas a esta delegación, le comunicamos que desconocemos totalmente el hecho", es la escueta respuesta enviada por correo electrónico al instructor, a la que ha tenido acceso Efe, para responder a las diversas preguntas que les formuló en torno a la entrada en el país de Gali en abril de 2021 a través de la base aérea de Zaragoza.
Tras conocer el contenido de la respuesta, el representante de la acusación popular, el letrado malagueño Antonio Urdiales, ha remitido un escrito al magistrado para que se dirija al delegado saharaui en España, Abdulah Arabi, y le aperciba a contestar en un plazo de dos días a las preguntas formuladas bajo el apercibimiento de incurrir en caso contrario en un presunto delito de desobediencia.
Destaca en su escrito el letrado, al que también ha tenido acceso Efe, que Arabi es el máximo representante en España tanto de la Delegación Saharaui para España como de la Delegación del Frente Polisario, domiciliadas ambas en la misma dirección.
Advierte, además, al juez de que no obtendrá información alguna de la referida organización del Polisario si no individualiza su requerimiento y apercibe al destinatario de la posible imputación de un presunto delito de desobediencia.
Un día antes de darse a conocer la Audiencia de Zaragoza su decisión de sobreseer el caso en relación a la exministra de Exteriores Arantxa González Laya y a su exjefe de Gabinete Camilo Villarino, el magistrado acordó enviar un oficio a los representantes del Frente Polisario en España para que informaran de si tuvieron conocimiento previo del viaje de su líder.
El juez también quería conocer las razones por las que se eligió el Hospital de Logroño para que Gali recibiera atención médica por una covid agravada tras aterrizar en la base aérea de Zaragoza, y qué personas de la delegación saharaui le acompañaron en ese momento.
El magistrado pretendía, asimismo, que detallaran si tenían conocimiento de que el líder polisario tenía alguna causa penal abierta en España y, en caso de que fuera así, si informaron a las autoridades españolas previamente de su situación legal.
Y solicitaba, por otra parte, que informaran del domicilio actual en España del hijo de Gali, Luali Brahim, a fin de citarle y recabar información acerca del pasaporte falso utilizado en el Hospital de Logroño en el momento de realizarse el ingreso del líder polisario.
En un auto dictado días después para acordar la ampliación del periodo de instrucción del caso, el juez advertía de que del resultado de estas diligencias "podría derivar una carga incriminatoria contra alguna persona".