El posible indulto a Griñán, entre un asunto de la familia y una incoherencia de Sánchez

La corrupción es un arma poderosa en el rifirrafe político, al menos una de las más recurrentes, sobre todo la ajena. Y se confirma que el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía seguirá aportando munición al PP en su labor de oposición al PSOE, después de que trascendiera que la familia del expresidente de la Junta andaluza José Antonio Griñán está preparando la petición de un indulto parcial a la condena de seis años de prisión acordada por el Tribunal Supremo.

Reclamación que, una vez se presente de manera formal, deberá ser estudiada por el Consejo de Ministros, lo que anticipa un cruce de declaraciones sin freno entre socialistas y populares en lo que resta de legislatura. Como en un juego de espejos, ayer portavoces estatales de ambos partidos y sus respectivas delegaciones autonómicas replicaron argumentos llamando a la prudencia (el PSOE) y criticando la futura decisión (el PP), toda vez que se da por hecho que la medida de gracia se concederá en los próximos meses.

Por el momento, el Gobierno español opta por no pronunciarse hasta que el asunto esté encima de su mesa. Está por ver también cuál será la postura que adopte el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, ante la futura petición de indulto a Griñán, y también a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, asimismo condenado en esta causa. La portavoz del gabinete de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, se limitó a expresar ayer “nuestro respeto a solicitar ese derecho a la medida de gracia”. “Si llega a la mesa del Consejo de Ministros, el Gobierno lo analizará”, apostilló. De cara a ese estadio, el propio presidente español abonó en su día el terreno a un pronunciamiento favorable de su gabinete, alegando la, a su juicio, inocencia de los exregidores.

El hecho de que solo tres de los cinco magistrados del Supremo apoyaran la decisión de condenar a Griñán arma de razones a sus allegados a la hora de pedir que quede libre de cargas penales. Las informaciones de que dos expresidentes de gobiernos socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, secundarán esa solicitud, espolea en cambio las críticas del PP.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, mostró su sorpresa por la rapidez con la que se está abordando el hipotético indulto a Griñán, condenado por prevaricación y malversación en “el mayor caso de corrupción de este país, 680 millones de euros”. Pidió al PSOE que ofrezca disculpas a los españoles y a Andalucía por el caso ERE y se preguntó cómo piensa Pedro Sánchez justificar un eventual indulto si años atrás defendía que los políticos no se pueden indultar entre ellos, por lo que le pidió “coherencia”.

Bravo explicó en Cuatro que el presidente del Gobierno “decía que no entendía los indultos políticos y económicos, que para un indulto era necesario que el tribunal que hubiera dictado la sentencia fuera el que lo pidiese y que le parecía muy feo ver a un político indultando a otro político”.

Sentencia injusta

En la misma línea, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, afirmó ayer en Cádiz que la “actitud” de los dirigentes del PSOE de “negarse a aceptar y respetar la decisión de los jueces es un grave precedente cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido con el dinero de los parados”.

En el polo opuesto, la vicesecretaria general del PSOE-Andalucía, Ángeles Férriz, consideró que la condena a José Antonio Griñán por el caso de los ERE es “injusta” y calificó de “cuestión personal” la petición de indulto al Gobierno que están ultimando la mujer y el hijo del expresidente.