Una pose de cara a la galería. Así reaccionó Moncloa al movimiento estratégico del PP para la urgente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la carta que su vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, envió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y en la que emplaza al Gobierno a sentarse a negociar criticando, eso sí, que habrá una mayoría progresista “abusiva” en el Tribunal Constitucional. En la misiva de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, los populares mantienen sus requisitos y exigen primar la búsqueda de perfiles que garanticen la despolitización del órgano, a la par que proponen impulsar una proposición de ley por vía urgente para reformar la Justicia. “Seamos serios; si quieren renovar, que me llamen y lo hacemos en una tarde. No más excusas. Cumplan la ley”, replicó Bolaños, que ve en este paso un simple “intento de aparentar” una vez leído el documento del PP, de once folios, “lleno de excusas, líneas rojas y condiciones”.
“Mi partido no renuncia a promover una reforma legislativa en la que, como exige la UE, los jueces elijan a los jueces, y a ejecutarla si los ciudadanos nos ofrecen la confianza para ello, pero también estamos dispuestos a elegir este órgano con el actual sistema. No nos escudamos en nuestra discrepancia respecto al modelo para obstruir la renovación del CGPJ”, indica González Pons para avanzar en unas propuestas que, a su juicio, “servirían para que la nominación de candidatos no sea un mero reparto de cuotas”. De ellas, destacan que la negociación se llevará a cabo en las Cortes Generales; que no propondrá para el turno de juristas a jueces que no hayan sido respaldados por sus compañeros; y que serán el CGPJ y el Constitucional quienes elijan a sus respectivos presidentes, “sin pactos previos ni indicación externa de ningún tipo”.
La proposición de ley para despolitizar la Justicia incluiría la derogación de la reforma legal que impide al CGPJ ejercer plenos poderes estando en funciones; y que “el CGPJ recién nombrado (...) presentará a las Cámaras en un plazo de seis meses, desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial”. De esta forma, el PP suprime la línea roja que había dibujado, ya que hasta ahora habían condicionado la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato venció en 2018, a la modificación del mecanismo por el que se elige a los doce vocales del turno judicial, con la finalidad de que sean los propios jueces quienes los designen, algo a lo que el Gobierno se había negado, instando antes a constituir un nuevo Consejo.
Puertas giratorias
En la misiva, González Pons comparte la preocupación de Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ, y habla también de una regulación de las puertas giratorias”, de modo que “los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años” desde su cese. A ello añade que “no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores”. Hay una mención específica a las “garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado” al apuntar que “se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores”, en clara alusión a Dolores Delgado.
González Pons alude a la actual situación del Constitucional, que desde el pasado 12 de junio espera que Gobierno y Poder Judicial nombren a los dos magistrados que les corresponde a cada uno para poder reemplazar a los cuatro cuyo mandato expiró en esa fecha, refiriéndose a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda avanzar en el nombramiento de sus magistrados del TC sin esperar a los dos del CGPJ para completar el tercio que fija la Carta Magna, aunque sería “sano” consultar a la oposición. “Ganar el TC para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos. Las urnas conceden una mayoría razonable al Gobierno en el legislador negativo, pero nunca una tan abusiva como la que se plantea en estos momentos”, denuncia.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, consideró una “burla” la carta enviada por el PP; mientras que la responsable de Justicia, Pilar Llop, señaló que es “una nueva vuelta de tuerca” y advirtió de que “se están quedando sin rosca” ya que “se ha estirado la goma hasta el límite”. “Esa carta no es un gesto, sino que es una nueva manera de enredar y de confundir a los ciudadanos, ahora por escrito”, zanjó la dirigente socialista.