Nada que decir. El PP guarda silencio en torno a las últimas revelaciones sobre la trama Kitchen, que han mostrado los intentos de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por desacreditar a sus rivales políticos mediante el espionaje ilegal. Investigaciones extrajudiciales llevadas a cabo por altos cargos policiales a instancias del número dos del Ministerio, y que afectaron a Mari José Beaumont, consejera de Interior del Gobierno de Uxue Barkos la pasada legislatura.
En Madrid, el PP ha evitado cualquier comentario, equiparando la actuación de la cúpula de Interior con la presunta actuación corrupta de un diputado del PSOE en Tenerife. “Nosotros estamos siempre a favor de las investigaciones y de que se conozcan cuáles son los problemas. Por eso nos sorprende mucho que el Gobierno esté en contra de investigar en el Congreso de los Diputados lo que pasa en el Congreso”, afirmó ayer el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en alusión al caso Mediador.
El 3 de febrero de 2022 el pleno del Congreso aprobó, con el voto en contra el PP y Foro Asturias, las conclusiones de esa comisión sobre Kitchen, que sostenían que la trama para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle pruebas que implicaran a dirigentes del partido en casos de corrupción se “ordenó” desde “la cúpula directiva” del PP, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y que, de hecho, era la que “informaba” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ayer el PP reclamó una comisión similar sobre el caso Mediador.
Tampoco en Navarra quiso decir nada el PP, y eso que tenía una comparecencia pública prevista para valorar la reforma de la Ley Mordaza que se tramita en el Congreso. Su secretaria general y senadora, Amelia Salanueva, pasó por encima el tema y se limitó a señalar que serán los tribunales quienes aclararen los distintos espionajes llevados a cabo por la cúpula de Interior, y en especial el realizado a Beaumont y a su “entorno”. “Esta no es una cuestión política, corresponde al ámbito de los tribunales”, se limitó a señalar Salanueva, que abogó por que sea la justicia quien “actúe” y “aplique la ley” pero desde “la presunción de inocencia”.
Defensa de la Ley Mordaza
El PP en cambio aboga por reforzar la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, que actualmente tramita el Congreso. Se trata, según Salanueva, de “una cesión absoluta a los antisistema y a los socios más radicales y populistas” del Gobierno de Pedro Sánchez, que facilitará la “impunidad” en actos como los altercados de la procesión del 7 de julio o la inacción ante los “manteros” de venta ambulante. Para el PP, la ley actual ha demostrado ser una herramienta útil para combinar libertad y seguridad”.