El PP carga a saco contra el TC

Cuando, la pasada semana, PSOE y PP anunciaron el acuerdo para desbloquear la renovación del CGPJ (o sea, para repartírselo a pachas), algún medio tituló que se había firmado “la paz judicial”.

Obviamente, se trató de un alarde de entusiasmo excesivo. Ya la misma noche después del anuncio, ambas formaciones empezaron a jactarse de haber llevado a la otra al huerto. Al día siguiente, en pleno de control, Feijóo atizó a Sánchez de lo lindo, y el presidente del Gobierno español le devolvió un par de mandobles a su antagonista.

Desde entonces, la bronca y la confusión no han dejado de crecer. Lo han hecho hasta tal punto, que hoy, cuando llega al Congreso la iniciativa conjunta para materializar la renovación, Génova y Ferraz-Moncloa ofrecen versiones sobre lo pactado que se parecen como un huevo a una castaña. Tienen motivos los socios de Sánchez en quejarse de que no saben qué les van a pedir que apoyen.

Cinismo

El punto álgido de la gresca está corriendo a cargo del PP, cuyos dirigentes principales, empezando por el presidente, llevan varios días lanzando ataques cada vez más subidos de tono contra el Tribunal Constitucional.

Como si se hubieran caído de un guindo de un rato para otro, los populares denuncian sincronizadamente la falta de imparcialidad del actual TC. Un paso más allá, exigen la dimisión de dos de sus miembros porque tuvieron actividad política reciente.

Se olvidan voluntariamente de la anterior composición, sesgada a la diestra y con magistrados recién fichados de gobiernos del PP. Con más desparpajo si cabe, obvian que en la componenda de hace días consiguieron que el PSOE le aceptara el nombramiento para el TC del juez José María Macías, hasta ayer, azote de Sánchez en las tertulias del ultramonte mediático.

Es de un cinismo sideral venir ahora a descubrir que la llamada corte de garantías evacúa sus decisiones de acuerdo a la ideología mayoritaria.

Por eso, el actual está librando a los implicados en los ERE de Andalucía y el anterior declaró ilegales todos los estados de alerta decretados por el Gobierno de PSOE y Podemos en la pandemia.

La despolitización de la justicia es un unicornio.