El PP de Castilla y León admite que habrá cambios en la atención a las embarazadas

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez (PP), ha asegurado este viernes que las relaciones con el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), son "excelentes" y ha considerado que únicamente existen unas "pequeñas matizaciones" de su departamento sobre las medidas sanitarias antiaborto anunciadas ayer tras el Consejo de Gobierno.

Después de que su departamento trasladara ayer que la atención a las embarazadas va a "seguir igual" en Castilla y León tras los anuncios del vicepresidente sobre un nuevo protocolo de "latido fetal" en el primer trimestre y sobre la atención psicológica a las mujeres, Vázquez ha detallado a EFE que sí habrá algunos cambios en los procedimientos, a la vez que ha manifestado que cree que no han dicho "nada significativamente diferente" los representantes de PP y Vox.

Vázquez ha enmarcado la polémica generada en que "a veces los protocolos son difíciles de entender por alguien que no esté todos los días encima de ellos o por un tema tecnológico de las ecografías 4D", en referencia a las explicaciones dadas por el vicepresidente acerca de estos asuntos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer.

Asistencia psicológica

Sobre la primera de las medidas anunciadas ayer por García-Gallardo y detallada en el comunicado de la Junta de Castilla y León, en concreto de la Consejería de Sanidad, Vázquez ha reconocido que sí va a haber cambios para "agilizar" la atención psicológica de las mujeres que lo soliciten o para el caso de que los médicos lo vean "apropiado".

En concreto, el consejero ha indicado que el cambio se producirá en que también los ginecólogos que atiendan a las mujeres embarazadas podrán derivarlas a salud mental, mientras que hasta ahora ese paso únicamente se realizaba desde la consulta del médico de familia, por lo que Vázquez ha vinculado esta medida a la "desburocratización".

Latido fetal

En el caso de la segunda de las medidas, consistente en ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del bebé entre las semanas sexta y novena, Vázquez ha asegurado que "se va a facilitar a todas aquellas mujeres que así lo requieran", pero "por supuesto a la que no lo requiera no se le va a hacer".

De hecho, el consejero ha indicado que ese ofrecimiento ya se incluye actualmente cuando se realiza la primera ecografía a las 12-13 semanas, pero hay situaciones en las que, siempre con el "criterio clínico" por motivos como un sangrado, la ecografía se realiza antes y puede también ofrecerse escuchar el latido, aunque en la primera etapa de la gestación puede no registrarse, de ahí que se realice a partir de esa primera ecografía programada.

En este punto, preguntado por si buena parte de la polémica puede haber derivado de mezclar cuestiones que remiten al protocolo de atención general a las embarazadas y el que se sigue cuando una mujer dice que quiere abortar, el consejero ha reconocido que "puede que el mensaje haya quedado distorsionado" y "son dos protocolos diferentes".

Ecografías 4D

Preguntado por los cambios que se aplicarán respecto a las ecografías 4D, el consejero ha explicado que consistirán en dotar de aparatos los hospitales de Ávila y Segovia -los únicos que no disponían de ellos- y "generalizar" su uso al incorporar estas pruebas a la cartera básica de servicios, con lo que se mejorará lo previsto por el Sistema Nacional de Salud, que únicamente incluye las ecografías convencionales.

No obstante, en este punto Vázquez también ha remarcado que será ofrecida esta posibilidad pero si la madre no quiere realizarla "no se le va a hacer".

Sobre el escaso efecto de esta medida en términos de prevención de abortos, dado que las ecografías 4D suelen realizarse en la última fase del embarazo, cuando el aborto está ya limitado por la ley, Vázquez ha argumentado que "se puede usar en toda la gestación" y, además, en las últimas semanas de embarazo puede aportar datos sobre alguna malformación del bebé o riesgo para la madre que pudiera derivar en un aborto.

En términos generales, Vázquez ha subrayado que la Junta va a cumplir con la normativa estatal vigente, dado que se trata de un asunto regulado a través de la denominada Ley del Aborto -de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo-, actualmente en fase de reforma y en tramitación en el Parlamento.