La revelación del pacto secreto entre el PP de Pablo Casado y el Gobierno de Pedro Sánchez –en concreto, con el PSOE– para la renovación del Poder Judicial ha suscitado un embrollo interno en Génova, lo que, quizás, era el principal objetivo de los socialistas, pero que pone de manifiesto bien la falta de sintonía entre la anterior dirección y la actual, o que esta última, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, no dice toda la verdad. El acuerdo, que fue gestado en octubre de 2021, lleva la firma del entonces secretario general de los populares , Teodoro García Egea, y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Ambos se comprometían a una reforma para renovar el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que persistiese el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como así ha ocurrido.
Cuando este consenso se suscribió por escrito, PP y PSOE habían pactado en público la renovación de otro cupo de TC, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Este documento era desconocido hasta su publicación el pasado martes en el diario El País y, tras su difusión, la cúpula que hoy en día comanda el PP, en boca de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, sostuvo que no había tenido conocimiento de esta “cláusula secreta” hasta que el dirigente socialista la puso encima de la mesa en la negociación.
Entonces, según Pons, el PP de Feijóo se desvinculó del acuerdo firmado y se dispuso a negociar “desde cero”, desentendiéndose de algo que, según el líder gallego, Pablo Casado no había informado, ni siquiera remitido “ningún documento” en el traspaso de poderes, y que tampoco se había tratado en el Comité de Dirección. Da la casualidad de que quien era la portavoz parlamentaria de Casado, y que es la actual número dos del partido, Cuca Gamarra, tampoco tenía información ni le fue entregado “documento alguno”. Algo extraño si se tiene en cuenta el grado de importancia que su cargo ya tenía en la anterior etapa.
Montesinos rebate
Fuentes de la anterior dirección se han encargado de hecho de transmitir que difieren de la versión que está ofreciendo el PP. Es más, sostienen que se informó de las cuestiones de relevancia, incluidos los asuntos judiciales y el Poder Judicial, aunque no entran en detalle y evitan polemizar, al menos por el momento, con los actuales responsables del partido. En esta historia hay quienes dibujan a Pablo Montesinos, por aquella época vicesecretario de Comunicación de Casado, como elemento distorsionador después de que haya asegurado públicamente que, durante el relevo al frente de Génova, “se dio traspaso de las cuestiones judiciales por parte de los actores implicados, incluido todo el tema del Poder Judicial”. Y en clara referencia a Gamarra, añadió: “Vamos a ver, la portavoz parlamentaria no ha cambiado”.
Que aquel pacto fuera secreto ya sería un motivo para el debate y para alzar la voz. Sobre todo desde Unidas Podemos, a quien Sánchez parece que no hizo saber de aquellos movimientos. Pero la formación morada prefiere no entrar ahora a degüello sobre esta cuestión, y es que podría aprovecharla para sus propios intereses, por ejemplo pidiendo la renovación de mayorías en el Congreso para cambiar el órgano de gobierno de los jueces, o para avanzar en otra leyes parlamentarias pendientes. En verdad, resulta una incógnita el alcance de aquellos acuerdos alcanzados en privado entre el PP de Casado y Bolaños, puesto que Pons sostuvo que el ministro socialista puso encima de la mesa “ese documento y otros”, que el PP no “quiso” ver, y que a su vez avisó de que estaba dispuesto a filtrarlos, lo que para Feijóo implica una “amenaza” para lograr la renovación del CGPJ. Ese “otros” invita a pensar que hay más escritos, de enjundia y de número indeterminado. Pero la realidad es que tras más de tres años con el órgano caducado, se complica aún más la elección de un nuevo Poder Judicial, pues las posturas están alejadas y el PP aspira a lograr cambios que refuercen la separación de poderes –o promoverlo si próximamente le llega la hora de ejercer el poder–, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez le exige que cumpla con el mandato constitucional.
El gobierno atiza
La posibilidad de consensos entre PSOE y PP queda más socavada, y más aún con el horizonte electoral de por medio. Eso sí, Moncloa ha aprovechado el sainete abierto en Génova y ayer mismo, nuevamente, elevaron el tono contra Feijóo acusándole de comportarse como “un político a la altura de Trump”. Lo hizo la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, siguiendo el hilo de días precedentes de sus compañeros, y emplazando al presidente popular a que “no mienta” y actúe como una persona “honesta, con la que poder tener una relación institucional basada en el respeto” y en algo “tan fundamental como es la verdad y la honestidad”. Morant le recordó a Feijóo que “las mentiras tienen las patas muy cortas”. “Ha sido su propio partido quien ha desmentido a Feijóo y por tanto quien lo ha situado en la mentira”, aseveró, apuntando que el PP es “un gallinero”, acusación que a menudo procede de la formación conservadora para definir al Gobierno de coalición.
También se pronunció el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien se cuestiona “cuál es el efecto Feijóo”, alegando que, hasta este momento, únicamente ha demostrado “insolvencia” y “que miente”, acusándole de “parecer un agitador”. En una entrevista a Europa Press, subrayó que Feijóo “no es el que decide la ‘hoja de ruta’” del partido, sino que la que decide es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, otro de los asideros del PSOE para atizar a un PP al que se propone voltear en las encuestas.
La estrategia de Sánchez, interna y externa, puede encontrar en Génova a su mejor aliado.