El PP de Rajoy persiguió ilegalmente al independentismo para reventar el 'procés'

La aparición de abundante documentación certifica lo que era un secreto a voces: el Gobierno del PP de Mariano Rajoy persiguió durante al menos cinco años al independentismo –entre 2012 y 2016– con prácticas ilegales para reventar el procés, y lo hizo construyendo información falsas y casos ficticios apoyándose en la cúpula policial, la judicial y medios de comunicación afines a su ideología que propagaban esta guerra sucia. Más allá del comisario Villarejo, y a sabiendas del entonces presidente del Ejecutivo español, se espió y orquestó una estrategia contra el mundo soberanista, que afectó a políticos y empresarios. Una investigación periodística compartida entre La Vanguardia y Eldiario.es ratifica que el exministro Jorge Fernández Díaz capitaneaba toda la fabulación pergeñada por las unidades policiales corruptas, así como por otros ministerios como el de Hacienda –que dirigía Cristóbal Montoro–, para luego filtrarla y hacérsela llegar a Rajoy a La Moncloa a través de un escolta en un sobre blanco, cerrado, sin remitente ni destinatario.

Dilapidando cantidad de recursos públicos, medios humanos, materiales e incluso dinero de los fondos reservados para pagar a confidentes por informaciones contaminadas o directamente falsas con el propósito de influenciar en la opinión pública, también electoralmente. Ese era el modo en que algunos fiscales o incluso denunciantes anónimos se presentaban después en los juzgados para alimentar seriales mediáticos contra dirigentes soberanistas, entre ellos Artur Mas o Xavier Trias. No en vano, los principales damnificados fueron miembros de Convergència Democrática como el expresident de la Generalitat, que había planteado un pacto fiscal que Rajoy rechazó, o el exalcalde de Barcelona, a quienes se atribuyeron cuentas en Liechtenstein y Suiza, respectivamente, que se demostraron falsas. Táctica que arrancó tras la primera gran Diada de 2012, un lustro antes del referéndum del 1-O de 2017 que impulso Carles Puigdemont.

El que fuera titular de Interior mintió cuando negó airadamente en el Congreso haber accedido a todos esos documentos de la llamada Operación Catalunya, en la que participaron mandos policiales como el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, interlocutor directo del ministro, o el entonces director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. En su mayoría eran investigaciones prospectivas, es decir, motivadas por el objetivo político predeterminado de descubrir irregularidades, pero sin indicios, algo prohibido en la legislación. Las pesquisas acabaron en papel mojado, excepto las cuentas secretas en Andorra de la familia Pujol. En definitiva, un grave atentado contra los derechos y las libertades de la ciudadanía en una sociedad que se dice democrática, utilizando prácticas de impunidad y opacidad.

Frente a esta ofensiva, Pere Aragonès sostiene que la independencia es “el único camino frente a la guerra sucia del Estado y sus cloacas”, y no está sorprendido de que Rajoy tuviera conocimiento de todo ello. “El Estado español, con sus cloacas, lo ha intentado todo y ha fracasado”, considera el president del Govern, mientras que ERC emplaza a Pedro Sánchez a que se “desmarque” de esas prácticas ilegales y vaya “hasta el final” para investigarlas. Tanto los republicanos como Junts pedirán la comparecencia en el Congreso del ex Jefe del Ejecutivo español y entonces líder del PP para dar cuenta de esta Operación Catalunya. “Es vergonzoso e indignante”, asevera la portavoz de Esquerra, Raquel Sans: “Quizás ahora que lo tienen por escrito descubriremos quién es M. Rajoy”. Según el secretario general de Junts, Jordi Turull, “ya hay gente del Ministerio que empieza a hablar”, y defiende que existe la máxima del derecho a saber la verdad y a que se puedan derivar todas las responsabilidades que se puedan. Artur Mas ha aprovechado para reclamar llegar hasta el final “caiga quien caiga” y que haya “consecuencias penales si se quiere demostrar que España es un verdadero Estado de derecho y una democracia plena”. A su juicio, debería ser la Fiscalía “la primera que tendría que abrir y pedir que se hiciera esta investigación” . Xavier Trias ha salido también al paso indicando que “es grave, pero tiene una gravedad especial si resulta que lo sabía el presidente del Gobierno español. Lo mínimo que pido es que las personas que han estado involucradas pidan perdón”.

Impulso a las comisiones

Sánchez ha recalcado por su parte que su Gobierno nunca ha usado “palancas del Estado” como la Policía con “intereses partidistas”, a diferencia de lo que afirma ha hecho el PP cuando ha gobernado, algo que considera “lamentable y vergonzante” y que justifica las comisiones de investigación en marcha. “Son uno de los hechos más lamentables y vergonzantes de la historia democrática de nuestro país. Que se utilicen resortes del Estado tan importantes como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir a adversarios políticos tiene pocos parangones o ejemplos en otras democracias consolidadas”, ha manifestado en RNE. La prueba de que el asedio policial se hacía con la implicación de responsables del PP lo evidencia uno de los muchos audios que grabó el excomisario Villarejo cuando se entrevista con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Una mota de barro de todo este lodazal.