El PP eleva su agitación en la calle contra el acuerdo entre Sánchez y Junts

PSOE y Junts ultiman los flecos de un acuerdo de investidura donde finalmente estarían incluidos responsables no relacionados directamente con el procés y que, según Carles Puigdemont, son víctimas del lawfare, el “uso estratégico de las leyes para perjudicar disidentes o rivales políticos”, donde se agruparían figuras como Laura Borràs, Jordi Pujol, Gonzalo Boye, Miquel Buch o Josep Lluís Alay, entre otros. Durante este lunes se han intensificado las reuniones en Bruselas entre la delegación de JxCat y la representación socialista, encabezada por su número 3, Santos Cerdán, tratando de limar los aspectos técnicos de un pacto que tiene agitada a la derecha, que ha desatado todo su arsenal desde diferentes vertientes. Además de la judicial y de otras esferas sociales íntimamente ligadas a su ideología, el partido de Alberto Núñez Feijóo redobla su contraataque en las calles convocando para el próximo día 12, a las 12.00 horas, concentraciones en las plazas de todas las capitales del Estado español contra lo que entienden como “el mayor retroceso democrático de nuestra historia”. Una estrategia que, como toda revuelta y a tenor de los ataques a sedes de las formaciones de izquierda, nadie sabe dónde puede estar el límite ni cómo acabará.

La revisión de los tecnicismos del texto ha hecho que el proceso se haya dilatado en el tiempo estos días, más allá del reporte personal que ha buscado Puigdemont después de la alianza de los socialistas con Esquerra. Pero el telón de fondo ha residido en cómo encajar en el puzzle a aquellas personas que no estuvieron vinculadas en primera persona en los hechos del otoño de 2017. Por ejemplo, Junts pidió que la amnistía incluyera a los afectados por el caso Volhov (presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista), siendo uno de los afectados el jefe de la oficina del expresident y su mano derecha, Josep Lluís Alay; además de gente relevante como su abogado Gonzalo Boye (investigado por presunto blanqueo de capitales de la red de narcotráfico de Sito Miñanco); el exconseller de la Generalitat, Miquel Buch (que fue penado con cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por proporcionar un escolta a Puigdemont en Bélgica); la expresidenta del Parlament, Laura Borràs (condenada a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos en la Institució de les Lletres Catalanes); y el expresident de la Generalitat, Jordi Pujol (por ser víctima de la operación Catalunya si bien en 2014 confesó haber defraudado dinero con la supuesta herencia en Andorra y sigue pendiente de un juicio por corrupción en la Audiencia Nacional). Ayer mismo Boye indicó que el lawfare “debe entrar en la ley de amnistía, no por los nombres sino por lo que implica políticamente para España”.

En la cumbre del Press Club de Bruselas han estado presentes la propia Borràs; la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras; la vicepresidenta de Junts y presidenta del Parlament, Anna Erra; el secretario general, Jordi Turull, el presidente del partido en el Parlament, Albert Batet; el eurodiputado Toni Comín, y otros dirigentes del partido. El recinto, lugar donde Puigdemont ofreció su primera rueda de prensa cuando se exilió en 2017, se sitúa a escasos 350 metros del hotel Sofitel, donde se hospedaron los socialistas, aunque han seguido sin mantener un encuentro presencial mientras los asesores jurídicos de ambas partes pulían los flecos del pacto.

Presión 'popular'

En este contexto, la derecha tira de todos sus poderes fácticos para cercar al bloque de la investidura porque, a juicio de Feijóo, “no nos van a callar ni amedrentar ante el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones”. “Somos hoy por hoy el refugio constitucionalista de España ante aquellos que han renunciado a la dignidad y pretenden arrebatárnosla a todos”, ha declarado el líder del PP ante su Junta Directiva Nacional. Tras los actos en Santiago, Madrid, Toledo, Málaga o Valencia –además de las manifestaciones frente a la sede socialista de Ferraz donde se pudo ver a personalidades como Esperanza Aguirre–, la próxima parada será una movilización “en todos los ámbitos”. “Os puedo asegurar, primero, que vamos a seguir. Segundo, que no nos van a silenciar. Tercero, que no nos van a callar. Y cuarto, que no nos van a parar”, ha proclamado Feijóo. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha ido más allá: “En la historia de la democracia nunca habíamos sufrido un ataque como el que estamos sufriendo en la actualidad. Creo que es verdad que había habido más ataques, los hubo el 23-F, los hubo el 1 de octubre de 2017. La gran diferencia es que ahora es el Partido Socialista quien está apoyando a los socios independentistas para que esos ataques a nuestra democracia se consumen”.

Por ello, el PP buscará moverse tanto en la calle como en las instituciones, valiéndose de su mayoría absoluta en el Senado. También estará presente el día 18 de noviembre en la manifestación convocada en Madrid por asociaciones de la sociedad civil. Feijóo ha vuelto a defender ir de nuevo a elecciones “porque en las generales del 23 de julio no se votó la amnistía, para que digan los ciudadanos si están de acuerdo o no con lo que se está pactando a sus espaldas después de la gran mentira”. Eso sí, se ha mostrado seguro de que Sánchez no convocará las urnas “porque si las hubiera ganaría el PP y gobernaría”. Ahora bien, diferentes encuestas, incluidas las de los medios más cercanos a la derecha, señalan que pese al probable ascenso de los populares –a costa sobre todo de Vox–, se mantendría el mismo equilibrio entre los dos bloques.