Cuando se daba por hecho que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo aprobaría un dictamen contrario a considerar terrorismo el caso Tsunami, el Partido Popular había mostrado su malestar y varios de sus portavoces difundieron el mensaje de que tal decisión no sería vinculante.
Sin embargo, una vez que se ha constatado que la resolución ha ido en sentido contrario, ha cambiado el argumento. Ahora, para los populares, no cabe ninguna crítica sobre el pronunciamiento del Ministerio Público.
Así, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cargó ayer martes contra la ministra portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, por lo que considera una “falta de respeto” y un intento de “presionar a la Fiscalía del Supremo”.
Se refería la número dos de Feijóo a unas declaraciones en las que Alegría se limitaba a señalar una evidencia: la Junta de fiscales no tiene la última palabra.
En cuanto a la petición de respeto, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo expresó con toda claridad.
“Creo que lo que ha pasado es normalidad institucional y democrática absoluta, ha habido un debate jurídico y desde el Gobierno respetamos cualquier decisión que tomen los tribunales”, zanjó la cuestión.
En parecidos términos se pronunció también la ministra de Defensa, Margarita Robles, que cree que esta decisión es “un trámite más de absoluta normalidad democrática”, abogando también por “respetar el trabajo de los fiscales y los jueces”.
Eso sí, la juez en excedencia abogó por dejar que el poder legislativo, “que es el que dicta las leyes, que son las que aplican jueces y fiscales, cumpla con su labor”.
“No me preocupa en especial, creo que es la normalidad en el ámbito del derecho. Yo que vengo de ese mundo y sé que todo es opinable, que todo es discutible y, por tanto, normalidad democrática. Dejemos trabajar a todos los organismos y, finalmente, que sea el poder legislativo el que dicte las normas, que dicten las leyes, que obligan a todos, a jueces y a fiscales”, sentenció Margarita Robles.