El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha anunciado este lunes tras la votación en contra del pleno a la ley de antecedentes penales que permite conmutar penas de prisión en otros países a varios etarras, que entiende ese rechazo por mayoría absoluta como un veto y por ello la devuelve al Congreso.
Aunque inicialmente se preveía que la norma saliera adelante al haber superado todo el trámite parlamentario previo, que hacía a priori irrelevante la votación de este lunes, la interpretación de Rollán apoyada en un informe de los letrados de la Cámara, supondrá un retraso en su aprobación definitiva.
El presidente del Senado ha informado de esta interpretación sobre el veto al proyecto de ley después de anunciar el resultado de la votación, con 148 votos en contra, que suponen el rechazo por mayoría absoluta, 111 votos a favor y dos abstenciones.
Rollán ha basado esta postura en un informe de la Secretaría General del Senado, fechado el pasado viernes y al que ha tenido acceso EFE, que aduce que un rechazo por mayoría absoluta en el pleno "ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados".
"Ha de entenderse que el pleno del Senado ha vetado el texto", ha afirmado Rollán ante los senadores, enarbolando el artículo 90.2 de la Constitución y el 106 del Reglamento de la cámara, tras el debate de un proyecto de ley que no había recibido enmiendas ni vetos.
La posibilidad de devolver el texto al Congreso no ha sido mencionada en ningún momento del debate previo a la votación de este lunes.
El informe pedido por Rollán
El informe de los letrados, solicitado por Rollán, señala que "no existen precedentes comparables", pues en anteriores tramitaciones hubo vetos que fueron rechazados o enmiendas aprobadas, mientras que "en el presente caso, la voluntad inequívoca y única de la Cámara es la del rechazo frontal y global en votación final del conjunto del proyecto por mayoría absoluta".
Y eso, argumentan los letrados, es la naturaleza jurídica de un veto: el "rechazo frontal y global de un texto en votación final y de conjunto", aun cuando "no se haya presentado este formalmente".
Fuentes del Senado indican que Rollán solicitó este informe, emitido el pasado viernes, al detectar un vacío en el reglamento.
El movimiento hecho por el presidente del Senado ha llegado después de varios días en los que el Partido Popular ha trasladado que la única vía para frenar esta reforma legal era que el Gobierno retirase el proyecto de ley, una posibilidad que el Ejecutivo tiene siempre hasta el fin del trámite parlamentario.
En los últimos días Vox ha instado tanto a la Mesa del Senado como a Rollán a buscar una fórmula jurídica para introducir enmiendas pese a que el plazo hubiese terminado, pero en sus propuestas no se incluía esta interpretación del resultado de la votación que ha sido empleada.
El debate parlamentario
La senadora del PP Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 Miguel Ángel Blanco, ha sido la encargada de defender el voto en contra en una intervención en la que ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Blanco ha cargado contra el Gobierno y el PSOE por no retirar la "infamia" de la ley y por lo que considera una "maniobra oculta y calculada" para colar "de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios".
Ha mencionado a Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, condenado por el asesinato de su hermano, del que ha dicho que mencionar su nombre le "repugna" y ha afeado que Sánchez no tiene problema de beneficiarle para seguir pagando el "alto precio" del alquiler de la Moncloa, pese a que esta reforma no afectará a este exjefe de ETA porque la Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena de un tribunal francés.
La senadora del PSOE Elena Diego ha calificado de "espectáculo lamentable" la actuación del PP y ha reclamado un debate "sin insultos, sin carteles y con el máximo respeto a las reglas del juego democrático parlamentario".
Ha acusado al PP de colocar a todo el país en la preocupación y en la confrontación y de crear "una realidad paralela" al inventar un nuevo relato y afirmar que han sido engañados, al tiempo que le ha censurado de que, con su mayoría absoluta, haya retrasado el debate.
El Congreso estudiará la decisión del Senado
Los servicios jurídicos del Congreso estudiarán la decisión del Senado de dar por vetada y devolver a la Cámara baja la ley de antecedentes penales que beneficia a etarras.
Según informan fuentes parlamentarias a EFE, primero el Senado deberá remitir su decisión, basada en un informe de la Secretaría General de esta cámara que aduce que un rechazo por mayoría absoluta en el pleno "ha de tener el efecto jurídico de un veto (...) con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados".
Serán los servicios jurídicos del Congreso los que, una vez recibida la comunicación del Senado, elaborarán su informe para que la Mesa del próximo 22 de octubre pueda decidir al respecto.