Al PP no le ha quedado otra que recoger cable. Tras presentar un texto alternativo en su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía donde promueve la ilegalización de partidos independentistas que alienten referéndums de autodeterminación, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha tenido que salir a matizar sus pretensiones y recordar que el Código Penal ya permite disolver formaciones políticas que, en todo caso, quedarían prohibidas por sus actos delictivos y no por sus ideas. La iniciativa lanzada el miércoles, con la que además trató de correr un tupido velo sobre los ataques ultras a la sede socialista de Ferraz, ha amanecido con posiciones contrarias a la misma procedentes de la derecha mediática, cuyos editoriales –de la prensa de papel y diarios digitales escorados hacia ese espectro– han puesto en duda no solo su contenido sino el beneficio que pudiera recoger Génova de semejante paso, lo que es probable que haya contribuido a que el PP trate ahora de recular para distanciarse de Vox, mucho más categórico en sus intenciones. Para colmo, de esa medida podrían salir perjudicadas marcas como Junts, que se antojan necesarias en un futuro si Feijóo, o quien en su momento esté al volante de su marca, ansía llegar a La Moncloa.
“El PP no ha inventado nada. La responsabilidad penal de los partidos políticos, de las personas jurídicas, figura en nuestro Código Penal desde el año 2012”, ha considerado el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, detallando que el artículo 33.7 ya recoge esa previsión de disolver fuerzas políticas y que en el Estado español “no se persigue a nadie por sus ideales, sino por su actos, si estos son delictivos”. Así, con este planteamiento –dice– solamente buscan “rearmar al Estado ante una posible amenaza por parte de partidos que quieran llevar adelante procesos secesionistas o de independencia”, como, a su juicio, volverán a intentar JxCat y ERC. En este sentido, ha indicado que el propio Tribunal Supremo alertó de que la eliminación del delito de sedición y el “abaratamiento de las penas por malversación” suponían una “desprotección” del Estado de Derecho y que eso es lo que el PP quiere arreglar con la creación de estos nuevos tipos delictivos. En concreto, pone encima de la mesa penar determinadas conductas como los intentos de una nueva declaración de independencia, la incitación a la desobediencia a la legislación vigente o la convocatoria de referendos ilegales, un delito éste último que, según Tellado, el propio Pedro Sánchez quería recuperar “hasta 2020”.
El portavoz del PP ha hecho hincapié en distinguir su propuesta de la que propugna Vox cuando pide la ilegalización de los partidos independentistas, ya que la formación de Santiago Abascal se refería a la Ley de Partidos “y nosotros estamos hablando de tipificar un delito dentro del Código Penal”. Igualmente, Tellado se ha mostrado convencido de que las autoridades europeas respaldarán esta modificación penal que el Pleno del Congreso rechazará la próxima semana con la mayoría del bloque de la investidura. “Lo que estamos planteando existe en el ordenamiento jurídico en muchos países de Europa”, ha subrayado, aunque ha evitado explicar las razones históricas de ello, como ocurre en Alemania. Por otro lado, cuestionado sobre por qué el PP no ha aprovechado para pedir que se recupere el delito de sedición, ha respondido que este tipo ya queda recogido dentro del nuevo concepto de deslealtad constitucional, que “está muy vinculada al desafío territorial que los socios de investidura de Sánchez parece ser que pueden querer desarrollar a lo largo de 2024”. Y “para volver a las penas anteriores del delito de malversación, tendremos toda la legislatura”.
Deslealtad
Moncloa no ha querido hurgar demasiado en todo este asunto porque tiene el foco puesto en los ataques ultras y en cómo los “alimenta” el PP. Con todo, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha remitido a la Ley de Partidos –que “ha funcionado”– al ser preguntado por la propuesta popular, rememorando su aplicación cuando se ilegalizó a la izquierda abertzale con la actividad terrorista de ETA aún vigente. “La única deslealtad constitucional que está acreditada durante más de 1.800 días es la del PP oponiéndose de una forma improcedente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, ha ironizado el titular de Interior. A su vez, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de “hipocresía política” al pedir ahora ilegalizar partidos que promuevan referéndums tras haberse sentado con ellos para lograr la investidura de Feijóo, en alusión a las conversaciones con Junts en la primera quincena de agosto. “No se puede sentar uno a negociar con alguien, no llegar a un acuerdo y luego pretender ilegalizarlo”, ha zanjado. Mucho más duros han sido desde Sumar. Su portavoz en el Congreso, Marta Lois, cree que el plan del PP “es un atentado directo” a la Constitución, y es “más propio de regímenes autoritarios que de la propia democracia”.
Desde Catalunya, la secretaria general adjunta de ERC y portavoz del partido, Marta Vilalta, entiende que el PP se ha dedicado a dar “un paso más en la carrera con Vox hacia el totalitarismo”. “No es la primera vez que intentan eliminar los adversarios políticos. Los confrontaremos como siempre porque hacer un referéndum no es delito. Tendremos amnistía y votaremos por nuestra libertad”, ha manifestado en sus redes sociales. La también portavoz republicana Raquel Sans ha añadido a este respecto que “cuando no puedes ganar el juego de la democracia optas por disolver y eliminar al adversario. El pensamiento único. Si esto no es totalitarismo, se parece mucho”.
Juristas, contra esta iniciativa del PP
En este escenario, expertos en Derecho Constitucional creen inconstitucional la disolución de partidos por “deslealtad al sistema" propuesta por la formación que capitanea Feijóo, subrayando que la Ley Fundamental ampara a las fuerzas políticas opuestas a la iniciativa. El exdiputado del PNV y jurista Emilio Olabarria manifiesta que “en un país donde el legislador constituyente ha excluido expresa y conscientemente el concepto de democracia militante, la pretensión de convertir en ilícitos penales con el humus de contradecir la Constitución es manifiestamente inconstitucional. No tiene medio pase jurídico ese intento”.
Como sostiene Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la UPV/EHU, “una cosa es tipificar un delito y otra muy distinta impedir el derecho fundamental al pluralismo político”. Una posición que comparte el catedrático en Derecho Constitucional, Juanjo Álvarez, quien recuerda que en la propia Ley de Partidos se señala “expresamente” que “no cabe ilegalizar por razón de las ideas e incluso postulados que promuevan principios que no estén recogidos en la Constitución. El límite que pone está vinculado a la complicidad con una organización terrorista y en asegurar el sistema de libertades”. “El PP ha medido mal su planteamiento. Para reforzar la Constitución no hay que ir más lejos que ella, no solo por la cercanía a Vox sino porque lo que haces es pegar volantazos”, destacó Álvarez en Onda Vasca. “Una cosa es reformar el Código Penal para proteger el orden constitucional, incluso queriendo restablecer el tipo penal de convocatoria de referendo ilegal, y otra esto. Es más el único tipo delictivo que se aplicó a los implicados en el procés solo está contemplado en los delitos contra el orden público, no contra el orden constitucional”. A su juicio, el PP solo ha buscado “notoriedad” tirando de un “maximalismo y de populismo”. “Resulta un eufemismo hablar de disolución y no de ilegalización porque el propio sentido de un partido es promover el pluralismo”.
En definitiva, los expertos coinciden en que promover la independencia “puede equipararse a defender la república pese a vivir en una monarquía. Incluso se permite a través de cauces constitucionales. Otra cosa es que se pretenda a través de la violencia”.