La delirante votación de la reforma laboral el jueves, aprobada por el error del diputado del PP Alberto Casero, ha provocado la guerra total entre el PSOE y el PP, que ayer protagonizaron un interminable cruce de acusaciones. Mientras los populares aseguran que su parlamentario no se equivocó y todo se debió a un fallo informático, en Moncloa y Ferraz insisten en que no se produjo irregularidad técnica alguna y que todo se debió a un error humano de Casero –que se pronunció también en sentido contrario a su partido en otras dos votaciones de la jornada–, a la par que apuntan a un episodio de "transfuguismo" de los dos diputados de UPN.
Así las cosas, el tono se ha ido elevando y los reproches han pasado a mayores con las acusaciones del PP de "pucherazo" a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet; que a juicio de los populares "prevaricó" al impedir que Alberto Casero votara presencialmente una vez se dio cuenta de su error vía telemática.
El propio Casero remitió ayer una carta a Batet en la que insiste en que votó no y que "el certificado emitido por la Cámara no se correspondía con el sentido del voto que manifestaba", en lo que "parecía un fallo del sistema". En el Congreso sin embargo no compran la versión del PP y trasladan que no les consta que ocurriera error informático alguno en la jornada del jueves. En cualquier caso, en Génova no se dan por vencidos y han anunciado que agotarán todas las vías para que se anule la votación de la reforma laboral, incluida la del Tribunal Constitucional.
Ayer, el líder de los populares, Pablo Casado, compareció expresamente para dar su versión del embrollo y aseguró que la votación fue un "atropello democrático", por lo que su formación llegará "hasta el final" para que se revierta la aprobación del decreto. Tras deslizar que la presidenta del Congreso podría estar "prevaricando", Casado defendió que lo ocurrido el jueves es un "gran fracaso" para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya que su "medida estrella" ha visto la luz con un "pucherazo parlamentario".
En una declaración sin preguntas en un acto de campaña en Soria, el jefe de la oposición censuró el "engaño a los españoles" que a su entender se ha producido con esa votación, y recalcó que "no se puede contravenir la voluntad de un diputado para aprobar por la puerta de atrás un decretazo".
hubo "compra" de dos votos
Los socialistas, por su parte, rechazan todas las acusaciones de irregularidad en la votación y ponen el foco en la actitud de los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que desobedecieron a su partido y votaron junto a PP y Vox. A juicio del PSOE, los de Pablo Casado "compraron" los apoyos de Sayas y García Adanero, y ponen como ejemplo que los dos parlamentarios navarros estuvieran durante todo el pleno del jueves en conversación constante con la portavoz popular Cuca Gamarra.
Fue la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, la que se pronunció con más contundencia contra el PP, a quien acusó de "comprar" la voluntad de los dos diputados navarros. "Lo único que falta es saber el precio", declaró en rueda de prensa en Ferraz.
Asimismo, Lastra desveló el contenido de las negociaciones con UPN. Según su versión, Sergio Sayas le aseguró que los dos diputados de esta formación estaban de acuerdo con la reforma laboral si no se tocaba una coma del texto. Por tanto, visto el cambio de voto in extremis de Sayas y García Adanero, la dirigente socialista sospecha que los populares metieron baza en un ejercicio de "transfuguismo político".
En cualquier caso, en el PP siguen obcecados en anular la votación y, en esa línea, su portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra, reclamó a Meritxell Batet que no publique la convalidación del decreto ley de la reforma laboral y que tampoco emita la resolución por la que se ordena la recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ese resultado, que permite que la norma continúe en vigor.
Esta actitud de obstrucción fue contestada desde Moncloa, que critica que el PP se empeñe en recurrir a "todo tipo de artes" para intentar tumbar la convalidación del decreto. Así lo expresó el ministro de Presidente, Félix Bolaños, que también dejó entrever que el PP y Vox tenían conocimiento de que UPN iba a votar en contra.
Asimismo, Bolaños aseguró que los de Pablo Casado se equivocan "imponiendo su voto negativo" a todo el país para hacer caer la reforma laboral, que es de interés general: "Hay que ser patriota, y no de boquilla, sino con los hechos".
un juzgado abre diligencias
Por último, ayer por la tarde se conoció que el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha incoado diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación.
En un auto del juzgado al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado Adolfo Carretero anuncia que toma esta decisión a instancias de un particular que ha solicitado a la Guardia Civil que requisara el ordenador con el que votó el diputado del PP Alberto Casero. El juez descarta acceder ahora a esta petición al "no existir urgencia", pero da curso a que se realice una investigación.