El grupo PP+Cs ha registrado 81 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, entre las que se recoge que solo se pueda acceder a la RGI con carácter “temporal”.
Además, el grupo parlamentario expresó su rechazo a que la edad de acceso a esta prestación para personas sin recursos se rebaje de 23 a 18 años –novedad acordada entre Lakua y Elkarrekin Podemos–, y propone en cambio endurecer los periodos de penalización por “inexactitudes” o irregularidades por parte de los perceptores para tratar de combatir el fraude.
La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido, que repasó en una rueda de prensa en la Cámara vasca las principales enmiendas de su grupo a este proyecto de ley, reiteró sus críticas al acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco (PNV-PSE) y Elkarrekin Podemos-IU en torno al texto para la reforma de la prestación.
En una línea similar a la mantenida el pasado martes tras conocerse el acuerdo, Garrido censuró que el Ejecutivo autonómico y Elkarrekin Podemos-IU hayan acordado reducir de 23 a 18 años la edad de acceso a esta prestación, una medida que permitirá que próximamente los jóvenes sin recursos económicos y en riesgo de exclusión accedan a la Renta de Garantías de Igresos una vez alcanzada la mayoría de edad.
Garrido denunció que esta medida “desincentiva” la búsqueda de un empleo entre los jóvenes e insistió en que, con este tipo de decisiones, el PNV se está “podemizando”.
no enmienda la totalidad
La representante de PP+Cs, que reveló que su grupo no presentará una enmienda de totalidad al texto, informó de que entre las enmiendas parciales que han registrado se encuentra una que plantea “eliminar el carácter indefinido de la RGI” para que el acceso a esta prestación solo sea “temporal”.
PP+Cs también proponen que el derecho a recibir esta prestación deba revisarse cada dos años. Todo ello, con el fin de evitar que “se cronifique” la situación de una población “subsidiada”, y para “incentivar” la inserción laboral.
La representante de PP+Cs explicó que su grupo, que en 2014 reclamó elevar a cinco años la antigüedad mínima de empadronamiento en Euskadi para poder acceder a la RGI, ahora “deja como está” este requisito; es decir, en tres años como norma general.
De este criterio genérico quedarían excluidos determinados colectivos, como las víctimas del terrorismo –a las que PP+Cs propone no exigir plazo alguno en el padrón–; u otros casos, en los que la antigüedad se fijaría en dos años.
Asimismo, esta formación plantea que la asistencia “presencial” a cursos de formación sea obligatoria para quienes reciben las ayudas. Además, los populares reclaman que se incrementen las sanciones –en algunos casos hasta duplicarlas– por “inexactitudes” o irregularidades en la percepción de la RGI.
Al igual que lleva haciendo durante los últimos años, el grupo PP propone que para poder acceder a esta prestación se tome la huella digital a los potenciales beneficiarios.
Reforma de la RGI
Consenso parlamentario. Los grupos que sustentan el Gobierno vasco, PNV y PSE, han pactado esta reforma de la RGI con Elkarrekin Podemos y tienden ahora la mano a EH Bildu, en busca del mayor consenso posible para la prestación. Este acuerdo de Lakua con los morados no ha gustado nada en el seno del PP de la CAV. Según criticó Laura Garrido, “se afianza” lo que calificó como “tripartito de PNV, PSE y Podemos”.