La campaña de las generales del 23 de julio arrancará con el discurso del odio instalado en demasiadas instituciones del Estado. Las urnas del 28-M fueron la excusa perfecta para que el PP abriera la puerta a líderes ultras de Vox no solo comprando su marco mental sino que les ha dotado de responsabilidades políticas de las que se valen para alentar acciones y alegatos contra el feminismo, el colectivo LGTBIQ+, los inmigrantes o la Memoria Histórica, en definitiva, contra parcelas de derechos conquistados que no encajan en su ideología negacionista y xenófoba y que les lleva a comportarse como auténticos agitadores. Tres nombres han copado los titulares en estos pactos de la derecha más rancia: Marta Fernández, Gabriel Le Senne y Llanos Massó, al mando ahora de las Cortes de Aragón y los parlamentos balear y valenciano, respectivamente, y que le sirven al partido de Santiago Abascal para desmontar los avances del sanchismo, término despectivo apadrinado sin embargo por el líder del PP para derrocar al Gobierno de coalición.
No son los únicos figurantes, sino que ayuntamientos, diputaciones y gobiernos, con el prólogo del desembarco de la extrema derecha en Castilla y León, se han trufado de dirigentes de similar corte, desde nostálgicos del régimen franquista hasta combatientes de la Agenda 2030. Pero más allá de sus identidades importa el poso de sus comportamientos, que han conducido a la supresión de las áreas de Igualdad en sustitución por concejalías de Familia (en singular), la negación de la violencia de género y a retirar lo que, maliciosamente, llaman “banderas de colorines”.
El principal temor es que estas mismas prácticas se mimeticen en La Moncloa si a PP y Vox les salen los números la noche electoral, además de implantar una apuesta por la recentralización de las competencias autonómicas, así como una vis uniformadora y arcaica en cuanto a la visión del modelo territorial, lo que podría reactivar pulsiones en los territorios históricos. Por de pronto, Feijóo ya ha adelantado su intención de revisar sin pausa muchas de las leyes aprobadas esta última legislatura, sobre todo “aquellas en las que el voto de Bildu fue decisivo” para que salieran adelante, y a nadie se le escapa que su propósito es meter mano a la normativa de Vivienda o a la de Memoria, además de cercenar las leyes Trans, la de eduación o la que afecta a la eutanasia. Y si algo está en su punto de mira, y en el de Abascal, es el Ministerio de Igualdad. El PP no perdona a Irene Montero aquel duro discurso que realizó contra esta formación y su corrupción en el momento de la moción de censura a Mariano Rajoy, más allá de la ejecución de la Ley del solo sí es sí y de obviar que gobernarían un país donde, desde que existen registros han sido asesinadas más de 1.200 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. “Hay ministerios que, en mi época, cuando estuve en el Gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales”, suelta Feijóo.
Aborto, eutanasia, machismo...
El líder del PP tampoco considera un “derecho fundamental” el aborto, caballo de batalla también de muchos de estos dirigentes ultras de nuevo cuño. Pese a que, tras el fallo del Constitucional, aseguró que la anterior norma, conocida como ley de plazos, era “correcta”, Feijóo quiere modificar la actual para que las menores de 16 y 17 años cuenten con el consentimiento de sus representantes legales para abortar. O que lo decida “un juez”.
Respecto a la eutanasia, el gallego se enreda señalando que “vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos”. Paralelamente, se encuentra el denominado pin parental o veto parental, o lo que es lo mismo, que los padres elijan libremente y autoricen el contenido de las actividades extracurriculares de sus hijos, medida plasmada en el acuerdo que Carlos Mazón firmó con la ultraderecha en la Comunidad Valenciana. Qué decir de todo lo que concierne a las lenguas y culturas de las nacionalidades, y es que en este último territorio ya han empezado a hacer un serio marcaje hasta el punto de castellanizar señalizaciones, mientras que buscan hacer efectiva la implantación de polémico 25% obligatorio de castellano en las aulas catalanas y cargarse el modelo de inmersión lingüística.
Como ya ha sucedido en varias autonomías, el marco de la extrema derecha se ha impuesto denostando el término violencia de género para patentar el de “violencia intrafamiliar”, hasta el punto de que en municipios como en Náquera, Valencia, se han llegado a prohibir concentraciones contra la violencia machista, localidad, entre otras muchas, donde también se ha prohibido que la bandera arcoíris ondee en los edificios municipales, algo que ya ocurre incluso en la capital del Estado. Lo que sí podrán contemplarse son enseñas rojigualdas, como en Alba de Tormes, donde Vox ha instado al PP a poner una bandera “de dimensiones considerables”.
Bien vaciándola de contenido o cepillándosela, la Ley de Memoria Democrática pasaría, nunca mejor dicho, a la historia, bajo la justificación de que contó con el aval de Bildu. “Memoria y democracia es incompatible con Bildu. 960 asesinatos, 10.000 heridos, más de 300 asesinatos sin esclarecer”, dijo el líder del PP, hurtando sus derechos a miles de familias víctimas del franquismo. También afirmó que abriría un “contexto de negociación” para crear una ley específica “fuera de planteamientos ideológicos y fuera de rencores”. “Hace 80 años nuestros abuelos y bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron”, se excusa. A lo que Abascal añade su ansia por la “derogación completa de cualquier ley quesuponga una memoria totalitaria”.
A todo ello hay que sumar el endurecimiento de las leyes antiinmigración y que la tauromaquia y la caza van recobrarían protagonismo. En la Comunitat Valenciana se habla incluso de una Ley de Señas de Identidad de la región, y del compromiso de defender “el mundo rural, sus tradiciones, fiestas y modo de vida”.