Modificar la Ley del Indulto para evitar que se concedan en contra del criterio del juez. Esta es una de las medidas incluida en una batería de iniciativas en materia de justicia presentada ayer miércoles por el PP con el objetivo final de “mejorar y garantizar” el correcto funcionamiento de los órganos de justicia para “no dejar este país” y salvaguardar el Estado de Derecho, según afirmó el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, quien presentó estas propuestas en una rueda de prensa junto al portavoz de Justicia del partido en el Senado, Fernando de Rosa.
Los populares ven necesario reformar la administración de justicia a fin de “garantizar su independencia, agilidad y el respeto al Poder Judicial” pero eso sí, insistieron, cumpliendo con los estándares que marca la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En este sentido, los dirigentes del PP acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de incumplir el mandato de la UE para eludir informes del Consejo de Estado o del Tribunal Constitucional, lo que para ellos representa un “fraude de ley”.
El objetivo de los populares con estos “planes de choque” es evitar que se produzcan indultos como los del procés y anticiparse a la posibilidad que se abre después de la ratificación por parte del Supremo de las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. De esta forma, señalaron, se garantizaría que los razonamientos que partan del Ejecutivo sean “razonados y razonables”.
Homenajes a presos de ETA
Entre las propuestas se incluye también la consideración de los actos de terrorismo como crímenes contra la humanidad y evitar que prescriban. Asimismo se plantea una modificación legal para acabar con los ongietorri a presos de ETA y un agravamiento de las penas por autoría, cooperación necesaria y complicidad.
Otra medida es modificar el estatuto orgánico del ministerio fiscal para que no haya ningún vínculo entre el fiscal general del Estado y el Gobierno de turno. En este sentido cabe recordar que esta fue una de las medidas que el PP propuso para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De Rosa aprovechó para anunciar que solicitarán la comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que calificó de “negacionista del principio de legalidad”, para que explique si la desjudicialización de la que se habla en el acuerdo con la Generalitat implica que no se cumplan sentencias como la que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en el sistema educativo catalán.
Ante la necesidad de reforzar los juzgados, el partido de Alberto Núñez Feijóo propone crear 350 nuevos órganos judiciales y en materia de violencia machista su idea pasa por más juzgados ad hoc e incluir no solo los ataques a mujeres, sino también delitos como la trata o la mutilación genital femenina. De Rosa recordó que la ley del “solo sí es sí” no incluye la creación de más juzgados de violencia contra las mujeres.