El PP se apoya en una resolución que niega que Franco incautara la sede de París

En su intento de transmitir que hay algo muy oscuro en la devolución de la sede de París al PNV, el PP ha entrado en un terreno resbaladizo y empieza a esgrimir armas de doble filo. Los populares tratan de presentar como un caso de financiación irregular la decisión del Gobierno español de devolver al PNV el edificio de la Avenida Marceau. Allí es donde el lehendakari Aguirre instaló la delegación vasca en el exilio en el contexto de la guerra civil, y esa sede fue después usurpada por los nazis e incautada por el dictador Francisco Franco. El Estado ha acreditado con expertos y con documentos notariales y bancarios que la sede se pagó con 65.000 dólares de la diáspora mexicana, y que el PNV realizó el envío del dinero el 12 de septiembre de 1936, antes de que existiera siquiera el Gobierno vasco, como ya informó Grupo Noticias. El PP de la comunidad autónoma vasca trata ahora de virar el rumbo y de sostener, si acaso, que la sede sería propiedad del Gobierno vasco y no del PNV, pero esgrime para ello una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que no dice eso, sino que niega la mayor, que fuera incautada como tal por Franco.

El presidente del PP de la CAV, Javier de Andrés, ha colgado un vídeo en la red social X para decir que “tres sentencias de los tribunales franceses, la última de 1951, y una del Tribunal Supremo indican que el palacete de París se compró con dinero público del Gobierno vasco”. “Bastaría que el Gobierno fuera con esas cuatro sentencias y oponerse a que ese registro sea efectivo. Pero Pradales prefiere meterse con el PP porque estamos defendiendo los intereses del conjunto de los vascos. Lo que ocurre es que la libertad y la independencia de Pradales acaban donde empiezan los intereses de su partido, que son, claro, hacerse con ese palacete”, acusó.

Lo que dice la sentencia

Lo que hace la sentencia es negar la incautación. Esta es una injusticia que llevaba años sin subsanarse hasta que se aprobó la nueva Ley de Memoria Democrática en el Estado. El origen del agravio es la sentencia de 1951 que se dictó en una Francia ya democrática, sin la ocupación nazi. Esa sentencia reconoció la propiedad del Estado franquista, pero lo hizo porque en 1939 se había firmado el acuerdo Bérard-Jordana, por el cual el Estado francés reconocía el Gobierno de Burgos, el primer gabinete franquista que se instauró poco antes del fin de la Guerra Civil. Posteriormente, el jefe del servicio jurídico de Exteriores en 1947, Henry Noel, admitía que el reconocimiento del Gobierno franquista no debería haber tenido efectos jurídicos sobre los bienes inmuebles en sus territorios. Pero de esa sentencia han venido después todos los males para el PNV.

Así, en 2003, el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse sobre esta sede y lo hizo en base a ese acuerdo. Tenía que valorar el escrito del PNV y, por otro, el escrito del Abogado del Estado, que decía que “no concurre el presupuesto básico del artículo 1 de la Ley 43/98, al no haber existido incautación; no cabe al Estado ni al Tribunal Supremo determinar la validez de la sentencia del Tribunal de París, que es válida y firme; no se demuestra la relación entre Finances et Enterprises S.A. y el PNV, ya que la relación de dicha sociedad lo es con el Gobierno vasco para el que se habían adquirido los inmuebles con fondos procedentes de la Delegación de Euzkadi en París y del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles”. El Consejo de Ministros, como recuerda la sentencia, había dicho que el edificio “nunca fue incautado”.

El Supremo concluye: “Los bienes fueron adquiridos por el Estado español en virtud de sentencia dictada el 21 de julio de 1943 por el Tribunal de Instancia del Departamento del Sena (París) –corroborada más tarde en su firmeza por las del mismo tribunal de 13 de julio de 1949, y por la de 3 de abril de 1951 de la Corte de Apelación de París, en virtud de tercerías entabladas por la entidad Finances et Enterprises S.A.–. Su fundamento lo hace descansar en la aplicación de la Ley española de 30 de enero de 1940 y en el acuerdo Jordana-Berard de 25 de febrero de 1939. Se trata, por tanto, de una adquisición realizada fuera de los márgenes previstos en el artículo 1º de la Ley 43/1998 y, en consecuencia, la resolución recurrida se ajusta a Derecho, al denegar la restitución o compensación de los indicados bienes por este motivo”. No había por entonces una Ley de Memoria como la actual que contempla la devolución de los bienes atribuidos a Franco por el reconocimiento de su gobierno golpista. Esto es lo que dice la sentencia. Como niega la incautación, tampoco entra a establecer si el edificio era del PNV o del Gobierno vasco.

¿Para qué esgrime el PP esta sentencia si supone tanto como atribuir la propiedad del edificio a Franco? ¿Por qué se apoya en una resolución que parte de la premisa de que el Gobierno de Burgos, el primer gabinete franquista, fue reconocido por el Estado francés y se le dio entonces legitimidad? El PP trata de transmitir que Francia atribuyó la propiedad al Estado porque la sede se pagó, según los populares, con el dinero de la República. No cita nada del franquismo. Pero la sentencia dice lo que dice.