La reforma de la sedición lleva al PP a frenar la renovación del CGPJ

El PP ha vuelto a encontrar una nueva justificación para demorar la renovación del Poder Judicial pese a que, según Pedro Sánchez, el acuerdo está cerrado, “listo y preparado”. La pretensión del Ejecutivo español de abordar la reforma de la sedición, que podría beneficiar a ciertos dirigentes soberanistas, sirve ahora de asidero para que el partido de Alberto Núñez Feijóo, en su estrategia de desgaste a Moncloa, trate de sacar rédito a costa de ralentizar la remodelación del órgano de gobierno de los jueces. A última hora de esta tarde, y mediante un comunicado, el partido conservador ha señalado que el PSOE debe decidir “si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el PP o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional”.

Es más, el propio Feijóo ha telefoneado a Sánchez para anunciarle que echa el freno en las negociaciones sobre el CGPJ y le ha ofrecido abordar “juntos” cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal. El líder del PP le ha recordado que el PSOE prometió esto último cuando se presentó a las últimas elecciones. En la nota oficial enviada desde Génova se indica que es “una incongruencia insalvable” pactar el reforzamiento del Estado, con la reforma del CGPJ, a la vez que el Ejecutivo de coalición “pacta con otros partidos”, en referencia a ERC, “desprotegiendo” a ese Estado. “Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España”, se explayan.

Todo había saltado por los aires horas antes con la intervención de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que por la mañana reseñó la intención de homologar este delito en el Código Penal a las penas de otros países europeos, de modo que sea el Congreso quien “soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión”, lo que soliviantó al PP, hasta el punto de que la dirigente socialista tuvo luego que matizar que no existe en la Cámara baja la mayoría suficiente para superar esa votación, algo que no comparten los socios de la investidura. Sánchez tuvo que trasladar a todos los ministerios un mensaje para que sus intervenciones se realicen desde la prudencia.

Sánchez veía el acuerdo cerrado

Desde Pretoria, Sánchez había invitado a Feijóo a separar ambos asuntos. A su juicio, una cosa es la agenda legislativa que él presentó en el debate de investidura y con la que se puede discrepar, como viene haciendo el PP desde el inicio de la legislatura, y otra es “el cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales”. Por ello, había emplazado al PP a acabar con una “crisis institucional sin precedentes en España” y se renueve tanto el CGPJ como el Tribunal Constitucional. “Solo falta dar respuesta a la voluntad política de los grupos y decir si se quiere renovar o no. Por nuestra parte, sí”, había zanjado el socialista. Sin embargo, el líder del PP le ha instado a aclarar si está dispuesto a proteger el Estado tras la “divergencia” de opiniones en relación con la sedición. Es más, antes de telefonearle adelantó ante la prensa que si gobierna agravará las penas por este delito y el de rebelión, y tipificará como delito la convocatoria de un referéndum ilegal. A su entender, están tipificados en los códigos penales de las democracias liberales y occidentales con “mucha dureza” porque se trata de preservar la “unidad de la nación”, dado que en algunos casos tiene una pena de “prisión permanente”.

Dentro de estos términos, el jefe de la oposición ha lamentado que Sánchez tenga como socios a partidos políticos independentistas que fueron “los autores” de una “rebelión-sedición” en 2017. “No sabemos exactamente hacia donde va el Gobierno. Hay contradicciones de distintos miembros y necesitamos saber si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto simplemente a intentar sobrevivir”, en alusión a un presunto cambio de cromos con el soberanismo para sacar adelante los Presupuestos.