El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este lunes, a las 19.00 horas, en un Pleno extraordinario para debatir la propuesta de 8 vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del 'procés'.
El presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, convocó esta reunión extraordinaria después de que el pasado 1 de noviembre 8 de los 16 vocales que forman ahora el CGPJ le pidieran estudiar, votar y emitir una declaración institucional en la que se exprese la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno español.
En un comunicado emitido el pasado jueves, el órgano de gobierno de los jueces recordó que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el reglamento de organización y funcionamiento del CGPJ establecen que deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitasen cinco o más vocales.
"Panfleto político"
Sin embargo, el vocal progresista Álvaro Cuesta remitió el domingo un escrito a Guilarte pidiéndole desconvocar la cita al considerar que es "manifiestamente ilegal" porque su finalidad es contraria "al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ.
En este sentido, expuso que en el "panfleto político" que sus colegas conservadores proponen aprobar como declaración institucional "se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aun no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno, calificándola de ilegal e inconstitucional".
"Según proponen los firmantes de la proclama, el CGPJ, de manera imprudente y arbitraria, debería negar la constitucionalidad de una proposición de ley de amnistía cuyos términos y alcance desconoce, y considerar que violenta la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, en una pretendida competencia y función de control de constitucionalidad y de conformidad con el Derecho de la UE, de la que carece", alegó Cuesta.
Guilarte le contestó horas después para informarle de que el Pleno se mantiene, de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo, del reglamento de organización y funcionamiento del CGPJ, según el cual "procederá, en todo caso, la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al presidente por cinco o más vocales".
En su escrito, Cuesta advirtió de que, si Guilarte seguía adelante con el Pleno extraordinario, no acudiría. Desde el sector progresista descartan seguir su ejemplo, por lo que el 'quorum' de 10 vocales más el presidente que se requiere para que el cónclave sea válido no correría peligro, de acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press.
Son necesarios 9 votos
Para que la declaración institucional salga adelante son necesarios los votos de al menos 9 vocales. De partida, contará con el visto bueno de los 8 vocales firmantes del ala conservadora y, según las citadas fuentes, con la negativa de los 6 vocales del sector progresista. La incógnita reposa entonces sobre dos vocales también identificados con el bloque conservador: el propio Guilarte y el vocal Wenceslao Olea que, según algunas voces, podrían optar por abstenerse.
Fuentes del CGPJ sostienen que la negativa de los progresistas sería en bloque, dado que éstos consideran que se trata de un pronunciamiento político y no de una declaración institucional. Asimismo, inciden en que dichos vocales entienden que tampoco se trata del momento oportuno puesto que aún no hay una ley sobre la mesa.
Las mismas fuentes subrayan que no hay precedentes de que se pida una declaración de este tipo sin haberse presentado una proposición de ley. Aseguran que hasta ahora el CPGJ solo se ha pronunciado cuando ya había registrado un texto en el Congreso. Y, además, recuerdan que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
A petición de ocho vocales conservadores
El debate tendrá lugar a petición de los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. Todos nombrados a propuesta del Partido Popular.
En su texto, los vocales conservadores aseguraron que la ley de amnistía tendrá efectos de "degradación" para el país, "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España". Insistieron también en que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el 'procés' el Estado de Derecho en España "pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".
Los firmantes aseguraron que habían observado "con creciente preocupación" las declaraciones que sobre esta medida han realizado los partidos independentistas en las últimas semanas. Y expresaron su temor a que ésta afecte no sólo a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017 sino también a otros anteriores, entre los que habría "delitos de corrupción", y también posteriores, cometidos "para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia".
Dichos vocales indicaron que en un principio optaron por mantener una "actitud de prudente expectativa" mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones pero, tras las declaraciones de Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, consideraron necesario un pronunciamiento del CGPJ.
En su escrito, los firmantes denunciaron expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, "dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. Y cargaron contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en "interés de España" para "impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".
"Confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", avisaron.
Además, señalaron que con esta medida se "violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico", la Constitución y el Tratado de la Unión Europea.