La Justicia en el Estado español atraviesa una situación de auténtica emergencia, con sus costuras a punto de desgarrarse por la situación de interinidad en la que se encuentra encallado el Consejo General del Poder Judicial desde hace un lustro. Una parálisis que el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, achacó directamente a los “intereses partidarios” de PSOE y PP, a los que emplazó a ponerse de acuerdo para la puesta al día del CGPJ.
“El buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado”, dijo Marín Castán en su discurso de apertura del año judicial, que supuso prácticamente en su integridad una llamada desesperada de auxilio. “¿Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un CGPJ cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años? ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?”, se preguntó.
La propia interinidad de su cargo es buena prueba de la gravedad del momento actual. Durante la sesión, que estuvo presidida por el rey Felipe VI, sobrevoló la presencia del que fuera presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, quien durante cuatro años utilizó este mismo acto para denunciar esta situación hasta que, en octubre del año pasado, dimitió por la “falta de impulso o de voluntad de los actores políticos de impedir el gravísimo daño provocado” al Poder Judicial.
Así lo recordó ayer jueves Marín Castán, quien admitió que al “gran honor” que suponía para él intervenir en esta edición de la apertura del año judicial se sumaba la “profunda tristeza” que sentía por “las circunstancias actuales”. “El Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta”, enfatizó.
Plazas sin cubrir
En presencia de la alta judicatura y de una nutrida representación política, Francisco Marín Castán defendió que la renovación del Poder Judicial es clave para garantizar su independencia. “Si el CGPJ tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma es una manera de cercenar la plenitud de esa independencia”, dijo.
Calificó el estado del Supremo de “desolador”, ya que la imposibilidad de que el CGPJ realice nombramientos discrecionales ha derivado en que acumule 23 vacantes en todas sus salas: 2 en la de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la Sala de lo Militar. La situación es “grave”, resumió.