El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha considerado que el Ministerio de Sanidad puede imponer a las comunidades autónomas el uso de mascarillas en centros sanitarios a través del artículo 65 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que obliga a todas las partes. No obstante, ha explicado que, para ello, tienen que cumplirse los presupuestos que establece el precepto legal.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Subijana ha señalado que existe regulación legal para que el Ministerio pueda obligar a las comunidades autónomas a establecer el uso obligatorio de las mascarillas en los hospitales y centros de salud ante la escalada de contagios de gripe y de covid.
A su juicio, dentro del régimen autonómico existe, por una parte, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo político en la conferencia sectorial, y también hay una previsión legal de "coordinación imperativa", que es el artículo 65 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Otra cosa, según ha dicho, es que concurran o no los presupuestos que ese artículo prevé para que el Ministerio pueda adoptar esa decisión de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Si se hiciera uso de esa previsión legal, no haría falta que las autonomías estuvieran de acuerdo con esa medida.
"Entiendo que se quiere agotar el acuerdo político desde el respeto competencial", ha añadido el presidente del TSJPV, para señalar que, en todo caso, de imponerse la medida, se tienen que dar los presupuestos legales y que es recurrible para verificar si existen los elementos que la justifican.
Ley de Amnistía
Iñaki Subijana también se ha referido a la Ley de Amnistía sobre la que ha dicho que "en abstracto" cabe en la Constitución. Según ha precisado el presidente del TSJPV, "la posibilidad de regular una amnistía es constitucional, otra cosa es su contenido".
Subijana también se ha pronunciado sobre la propuesta del PP de incorporar al Código Penal nuevos delitos -deslealtad constitucional al declarar la independencia y referéndum ilegal- e ilegalizar a los partidos que los cometen.
Según ha mantenido, los "cambios" en el Código Penal no deben responden a "coyunturas determinadas", como sería este caso, sino que requieren "un proceso de reflexión profunda".
También se ha mostrado contrario a la mediación de la UE en las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) tras cinco años sin alcanzar un consenso y ha remarcado que "no es su competencia".
"La competencia natural tampoco es de los partidos, sino del Congreso y el Senado", ha remarcado, y ha puntualizado que la renovación se debe llevar a cabo "según la legislación vigente, que es constitucional, y de forma inmediata".
"Después se puede valorar si procede un cambio normativo en el sistema de elección", ha dicho, y ha añadido que, en su opinión, el mejor sistema sería que los propios jueces eligieran a 12 miembros y el Congreso a los ocho restantes.