UNA operación judicial luego desmontada provocó en Portugal la caída del socialista Antonio Costa y su Ejecutivo por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias en un escándalo sobre inversiones en energías renovables donde se produjeron detenciones, registros y hasta imputaciones de ministros y asesores. La derecha llegó el poder y la causa se desmoronó como un castillo de naipes. A este relato apuntan sectores próximos a Moncloa cuando se les cuestiona sobre el caso abierto contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y que una mayoría de juristas describen como “sobredimensionado” con el beneplácito del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de quien otros dicen que pudo tomar nota de la recomendación de José María Aznar cuando instó a que “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte” tras acusar al líder del PSOE de ser “un peligro para la democracia”.
La causa arranca con una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias a partir de recortes de prensa y a la que el magistrado dio rienda suelta días antes de que Sánchez publicara su primera epístola sopesando dimitir. La instrucción centró sus actuaciones en unas cartas de recomendación que su mujer había firmado como directora de un máster en la Universidad Complutense a favor del empresario Juan Carlos Barrabés para participar en unos concursos públicos y por los que éste obtuvo contratos por valor de 12 millones de euros de la empresa pública Red.es, cuantía que provenía de los fondos europeos, considerando el juez que podría haber delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, decidiendo finalmente imputar a Gómez. Fiscalía Europea reclamó el caso porque afectaba a fondos comunitarios pero Peinado lo obvió y citó a varios testigos, entre ellos Barrabés.
El magistrado reclamó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que investigara las adjudicaciones por si detectaba alguna irregularidad pero los dos únicos informes elaborados por este Cuerpo señalan que se realizaron “con normalidad y según los principios que rigen la contratación pública”. En este contexto, Barrabés deslizó en su declaración, según las acusaciones (con Vox y la asociación ultra Hazte Oír, a la cabeza), que se habría reunido varias veces con Begoña Gómez en Moncloa y que en dos de ellas habría participado el propio Sánchez, aunque la defensa matiza que lo hizo una vez para saludar y otra en el marco de un encuentro con empresarios. Cabe añadir que también el Ayuntamiento de Madrid avaló por carta a Barrabés.
Barrabés, Complutense...
Si bien la denuncia inicial no aludía a la relación de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid, más allá de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que dirigió (sus detractores le afean que solo cuenta con estudios de Bachillerato –su currículo recoge una licenciatura en Marketing y un máster en Administración de Empresas–), se abrió otro frente con el beneplácito del centro (que nombró alumna ilustre a Isabel Díaz Ayuso) pese a que no pudo concretar perjuicio alguno a cuenta de la supuesta apropiación de la pareja de Sánchez de un software que utilizó en la cátedra y a que el centro –cuyo rector alegó que no existieron irregularidades y que tenía independencia presupuestaria– siempre tuvo conocimiento de dicho registro, tal y como consta en varios correos electrónicos.
Otra de las acusaciones se refiere al rescate con dinero público (400 millones) de la aerolínea Air Europa, propiedad del Grupo Globalia, de la familia Hidalgo, acordado en el Consejo de Ministros y que habría estado favorecido por la relación de amistad de Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Según la denuncia, Globalia se había comprometido a entregar a África Center, entidad ligada al Instituto de Empresa que dirigió la esposa de Sánchez entre agosto de 2018 y junio de 2022, 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para ella y su equipo. La Audiencia Provincial de Madrid resolvió que vincularlo con la denunciada es “simple conjetura” y ordenó al juez que se circunscribiera a las adjudicaciones públicas al empresario Barrabés. Quedándose la Fiscalía Europea con esta parte, en teoría, a Peinado no le quedaba nada por investigar, pero amplió el caso con hechos denunciados por otra asociación ultra, Hazte Oír, que apuntó a unas subvenciones de hasta 8 millones obtenidas desde 2020 por Inmark, empresa a la que estuvo adherida Gómez como directora de consultoría hasta que se acogió a una excedencia una vez su marido llegó a Moncloa.
El juez defendió que sigue investigando “dos bloques” que no tienen relación con los contratos de Barrabés, luego imputado y que declara hoy, afirmando a la defensa que indaga sobre “todos los actos, conductas y comportamientos” de Gómez “desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial” presentada por Manos Limpias, y que “no está obligado” a informar de ellos. Un razonamiento nada diáfano, dejando constancia de que la suya podría ser “una investigación prospectiva”, prohibida en el ordenamiento jurídico. Así, tras cien días de instrucción bajo sospecha sin hallar aún pruebas de delito contra Gómez, acabó citando como testigo para mañana martes al propio Sánchez, impidiéndole que declare por escrito y trasladándose el magistrado a Moncloa. Rizar el rizo.
Como indica a este periódico el magistrado Joaquim Bosch, “el proceso corre el riesgo de vulnerar garantías”. “Una imputación penal debe basarse en hechos concretos. No se puede analizar la vida de una persona para ver qué se encuentra”, advierte. “Al contrario de lo que hizo la Audiencia de Madrid, que delimitó el objeto del proceso, aquí se podría incurrir en algo que impide la jurisprudencia”, precisa Bosch, que señala la problemática de la citación de Sánchez. “La primera cuestión es que debe haber una prueba pertinente, que haya datos que justifiquen que el testigo pueda saber cosas de la causa. Si los hay, toca saber en qué condiciones declara. Si es por los hechos que conoce por razón de su cargo como presidente, debía hacerlo por escrito. Pero el juez piensa personarse en su despacho de Moncloa, algo que la ley recoge cuando se trata de hechos ajenos al cargo, por ejemplo si presencia un atraco o asesinato en la calle”. Es decir, ¿sobre qué le va a preguntar el juez a Sánchez si no es por el ejercicio de su condición de presidente y esposo? Luego, añade Bosch, Peinado comete errores en la citación de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que literalmente no existen, aunque cree que “será error de transcripción”, lo que sin embargo “alimenta aún más las dudas”.
“La causa ha crecido a nivel descomunal por los muchos escritos de asociaciones populares que atribuyen delitos. Ir más allá de lo que ciñó la Audiencia de Madrid es peligroso. Ni siquiera la universidad determinó un daño o un acto que pueda ser delictivo. Es todo un cajón de sastre”, corrobora Bosch, a expensas de si el próximo paso de Peinado sea imputar a Sánchez, como adelantan las entidades ultras, lo que le obligaría a dejar el caso en manos del Supremo al ser el líder socialista aforado. “Todo está sobredimensionado por la crispación y polarización política. De partida es difícil que pueda concurrir un delito de tráfico de influencias con prevalimiento desde una posición de superioridad para lograr que un funcionario dé un trato de favor a alguien”, resume este magistrado, recordando que “en un país que ha vivido casos de corrupción espectaculares por parte de grupos organizados desde la política, llama la atención esta ola por la descompensación en el trato”.
Mayor transparencia
Otra cosa es si el comportamiento de Gómez se rigió por un proceder “ético y estético”, como describió el portavoz del PNV, Aitor Esteban, cuando Sánchez lanzó su plan de regeneración democrática, suscitado al hilo de todo este embrollo. “Sería aconsejable regular los conflictos de intereses de los cargos públicos y sus allegados”, sentencia Bosch, porque “en España todo lo conectado con la transparencia tiene serias deficiencias”.