El PSE enfría la Ley de Educación: “El calendario no juega a favor”

Donostia – El PSE desliza cada vez con mayor claridad su preferencia por aplazar la Ley vasca de Educación hasta la próxima legislatura. Primero fue su secretario general, Eneko Andueza, quien aseguró que es mejor tomarse su tiempo para tener una buena ley antes que aprobarla con prisas, y señaló que el calendario no ayuda, porque a la legislatura le queda solo un año de recorrido. Ayer fue la parlamentaria María Jesús San José quien volvió a ampararse en los plazos, al repetir que el calendario “no juega a favor” de que la ley sea validada por el Parlamento antes de que se convoquen unas nuevas elecciones autonómicas, a mediados del año que viene.

Estas palabras chocan con la actitud proactiva del PNV y EH Bildu, convencidos de que hay margen y mimbres suficientes, y que ayer volvieron a llamar a la calma porque aún se pueden introducir mejoras. Se confía en que las reticencias sean algo pasajero, quizás agravado por el contexto preelectoral, y se pueda reconducir negociando enmiendas. El discurso del PSE sobre las prisas no casa con las múltiples reuniones previas que ha mantenido el consejero Bildarratz.

Los tres consejeros del propio PSE en el Gobierno Vasco, de coalición con el PNV, dieron luz verde al proyecto de Jokin Bildarratz para no obstaculizar el inicio de la tramitación, pero ahora se desprende de sus declaraciones que el atasco va a llegar en el Parlamento, en la fase de enmiendas. Aplazar el proyecto hasta la próxima legislatura evitaría al PSE posicionarse sobre el aprendizaje de las lenguas en un ciclo electoral marcado por los comicios municipales y forales del día 28, las generales de diciembre y las autonómicas del año que viene. El debate de las lenguas está siendo utilizado por el PP y Vox, y ha tenido proyección a nivel estatal en determinados ámbitos de la derecha española, que ya anuncian la muerte del castellano en las aulas vascas.

Bildarratz ha aclarado que los modelos A, B y D se mantienen. La clave radica en que la enseñanza se descentraliza y cada centro educativo podrá tener su propio proyecto lingüístico en función de las necesidades de su alumnado y sus características, con el objetivo final de garantizar un perfil B2 en ambas lenguas oficiales al acabar la secundaria. A partir de ahí se ha empezado a especular en algunos ámbitos con un modelo único y la cancelación del modelo A en castellano, porque no garantizaría un perfil B2 en euskera al finalizar secundaria. El PNV ha aclarado que estos temores quedarán disipados en la fase de enmiendas.

Durante el debate de ayer en Radio Euskadi, la socialista María Jesús San José dijo que su partido ve necesaria una nueva ley, pero matizó. “Era nuestra voluntad, lo sigue siendo y lo que nos llevó al acuerdo de bases. El resultado no ha sido el esperado, pero no hemos querido obstaculizar su tramitación, lo que no quiere decir que no haya cuestiones que nos preocupan”, dijo, para añadir que hay que “pulir” esos puntos en el trámite parlamentario, según recogió Europa Press, y que “el calendario legislativo no juega a favor de la ley”. “Las prisas no son buenas consejeras. Esperemos llegar a consensos y para eso está la tramitación parlamentaria. Por nosotros no va a quedar”, concluyó.

Desde EH Bildu, Mikel Otero sostuvo que no hay “motivos profundos” para no aprobar la ley, pero quiso tender la mano a los socialistas asegurando que aún se pueden introducir cambios y mejoras y que es “legítimo tener reparos”. “Debe aprobarse esta legislatura. Nos parece sorprendente que haya quien hace insinuaciones sobre que no pasa nada por esperar otra legislatura”, zanjó.

Desde el PNV, José Antonio Suso sostuvo que hay tiempo “más que suficiente” para aprobar la ley en esta legislatura “con tranquilidad y trabajo”. “Es una ley que ha sido debatida antes de su aprobación en sus objetivos y las bases, con muchas comparecencias y negociaciones entre partidos, y ahora es cuestión de organización y de sentarse a negociar las enmiendas”, añadió. Desde Elkarrekin Podemos-IU, por el contrario, Jon Hernández admitió que su grupo obstaculizará la ley todo lo que pueda. Es el único de los cuatro firmantes que se ha bajado ya del tren. l