La gran pregunta que queda en el aire tras el recurso anunciado por el Gobierno vasco contra la Ley de Vivienda, con el desmarque de los socialistas, es cómo afectará a la salud del pacto PNV-PSE en el Ejecutivo en pleno ciclo electoral y a un año de los comicios autonómicos. Los socialistas han confirmado este miércoles su desmarque en un comunicado, creen que la norma estatal habilita a la comunidad autónoma a tomar decisiones que no contemplaba la ley vasca, y confían en que el recurso “no entorpezca” la puesta en marcha de la legislación estatal en Euskadi. ¿Quiere esto decir que, aunque se haya decidido interponer un recurso, se va a producir un pulso desde la consejería de Vivienda del socialista Iñaki Arriola para seguir adelante, para declarar las zonas del mercado tensionado y limitar la subida de precios del alquiler? ¿Va a haber tensión en los ayuntamientos liderados por los socialistas o donde tengan pactos con el PNV? Incluso, ¿el PNV interpretaría que esto es un pulso?
Este periódico ha consultado fuentes de la consejería de Arriola y de la Ejecutiva del PSE, y se pueden extraer dos conclusiones. En primer lugar, habría que ver si el recurso solicita medidas cautelares de suspensión de los artículos recurridos y si el Constitucional concede esas medidas. El recurso aún no se ha concretado porque antes, durante seis meses, los gobiernos vasco y español deben negociar para tratar de alcanzar un acuerdo. Si no hubiera medidas cautelares, Arriola seguiría adelante. Pero aquí entra el segundo factor. El proceso de aplicación iría para largo.
Los socialistas ponen el foco en que son los ayuntamientos los que deben posicionarse y decidir si ven necesario declarar las zonas tensionadas. Arriola sigue trabajando en su documento de posible aplicación de la ley y en los índices estadísticos. “No es sencillo, ni de hoy para mañana”, aclaran desde la consejería. Y son los ayuntamientos los que pueden pedirlo. ¿Son tantos los ayuntamientos interesados? Desde la consejería solo citan dos casos: la moción aprobada en Donostia, y la impulsada también con éxito por Stop Desahucios en Errenteria. En el primer caso, no obstante, el PNV decía hace unos días que la ley estatal está siendo contraproducente en Donostia porque han salido del mercado un tercio de los pisos en alquiler. En el segundo, Stop Desahucios no solo ha tocado a la puerta de Errenteria, gobernada por EH Bildu, sino que también está impulsando el debate en Irun y Eibar, alcaldías socialistas.
En este contexto, en ámbitos jeltzales atribuyen la ausencia de movimientos para declarar las zonas tensionadas a su complejidad y al efecto disuasorio para los propietarios a la hora de sacar vivienda para alquilar. “Si alguien pensara que esto da votos, lo hubieran hecho antes de las elecciones. La ley ha retirado del alquiler muchas viviendas”, dicen en privado. Otra cosa es que Bildu vaya a apretar, y que sea quien más lo haga, para desgastar también al PSE. La coalición abertzale esperará hasta el jueves para hacer pública su valoración.
El pacto PNV-PSE recoge los informes jurídicos "de oficio"
Como un artificiero que tiene que desactivar una bomba, el jeltzale Bingen Zupiria ha tenido que desplegar este miércoles todas las artes como portavoz del Gobierno de coalición para evitar fricciones con el PSE al anunciar el recurso, una decisión que, de entrada, cuenta con el desmarque de los tres consejeros socialistas. Empezando por la fecha escogida, el último pleno antes del verano, que permitirá sosegar el debate, la parte jeltzale del Gobierno vasco ha evitado convertir este recurso en un incendio. Zupiria volvió a acudir con el programa de la coalición bajo el brazo para señalar que el punto 2 del capítulo Más y mejor autogobierno ya contemplaba que la consejería de Garamendi coordinaría “de oficio” o a instancia de otros departamentos la elaboración de informes sobre el respeto al Estatuto por parte de las leyes estatales. Es decir, es una actuación rutinaria y, si el informe dice que hay que recurrir, se recurre. Aun así, es previsible que el PNV no pueda evitar que salten chispas con un PSE crecido tras su victoria en las elecciones generales.
En un comunicado, el PSE se desmarca de la “supuesta inconstitucionalidad” de la ley y de los argumentos que “pretenden fundamentar” el recurso. Cree que los conflictos judiciales deben evitarse “todo lo posible” y que esta ley, además, pretendía complementar la vasca de 2015. Los socialistas lanzan un dardo al PNV al recordar que la norma autonómica se aprobó “por impulso de los socialistas vascos y el voto en contra el PNV, que rechazó su puesta en marcha”. Creen que la norma “faculta a las comunidades, no impone”, y “municipios” como el de Donostia ya han iniciado el proceso para pedir ser zona tensionada.
Más reacciones
El presidente del PP de la CAV, Carlos Iturgaiz, vio “acertado” el recurso, pero por razones de contenido, porque rechaza la ley y cree que “beneficia a los okupas”, razones que han motivado los recursos de Madrid y Andalucía. Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, arremetió contra el PNV porque cree que confunde los intereses de Euskadi “con los intereses de los fondos buitre”, y cree que ya no defiende el autogobierno, sino que va “en contra de los derechos más básicos” de su pueblo.