El psiquiatra que atendió al acusado de asesinar a su exmujer y su exsuegra el 20 de abril de 2018 en Vitoria ha asegurado que en las siete sesiones en las que le trató, la última una semana antes del crimen, no detectó en él ningún trastorno mental, ni tampoco un riesgo suicida.
Era una persona que afrontaba un divorcio en el que se sentía "perjudicado" y la problemática habitual en este tipo de situaciones él la vivía con una "intensidad mayor", pero no presentaba una patología psiquiátrica, tampoco un riesgo suicida, ni ansiedad, ni depresión, según ha explicado este doctor en el juicio con jurado popular que por este doble crimen se sigue en la Audiencia Provincial de Álava desde el pasado lunes.
El especialista ha insistido en que desde la primera sesión descartó la enfermedad mental y que si durante el resto de visitas hubiera detectado algo el protocolo que hubiera seguido con él hubiera sido otro.
Ha explicado que el procesado llegó a su consulta derivado del médico de la empresa en la que trabajaba y que durante las sesiones que tuvo con él trató de darle pautas para afrontar el divorcio desde el "sentido común", para que relativizara el asunto y encauzara el conflicto de otra manera.
También ha indicado que le recetó unos ansiolíticos para que estuviera más tranquilo, no por razones psicopatológicas. Sí ha dicho que observó en él actuaciones "algo exageradas", pero para "llamar la atención".
En la vista de hoy también ha declarado la psiquiatra que le atendió en la cárcel de Zaballa el 24 de abril de 2018, y por segunda vez unos días después, a principios de mayo.
Esta doctora ha negado que este presentara síntomas psicóticos, tampoco que tuviera un cuadro depresivo ni de ansiedad, que se le vía orientado y que entendía lo que se le decía y respondía a lo que se le preguntaba.
Ha añadido que le diagnosticó un trastorno adaptativo, "reactivo" a la situación en la que se encontraba y a lo que había sucedido.
El juicio por estos hechos continuará el próximo lunes. El Ministerio Fiscal pide 50 años de cárcel para el acusado por dos delitos de asesinato con alevosía con los agravantes de parentesco y razones de género.
La acusación particular reclama 55 años de prisión e incluye la agravante de ensañamiento, y la Asociación Clara Campoamor, como acusación popular, pide 60 años de cárcel.
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