La imagen de Carles Puigdemont saliendo ayer de su despacho en el Parlamento Europeo, visiblemente molesto ante la nube de periodistas que esperaban en la puerta y negando que hubiera ningún avance en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, mostró bien a las claras que no tiene ninguna prisa en dar el sí al candidato socialista a presidente español. Justo lo contrario que el PSOE, que pese a haber asumido los ritmos marcados por el líder de Junts, sigue confiando en celebrar el pleno de investidura los días 8 y 9 de noviembre, la semana que viene.
Todo parecía preparado para que la fumata blanca tuviera lugar el pasado jueves, después de que el expresident de la Generalitat convocara de urgencia a la cúpula de Junts en un hotel de Bruselas para abordar la negociación. No fue así, y esa misma noche Puigdemont aseguró en la red social X que “siempre hemos dicho que para tratar con el sistema político español todas las precauciones son pocas. Nos mantenemos y nos reafirmamos”. “No cambiaremos la prudencia y las precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que tengan algunos”, añadió. Ese mismo día, ERC y el PSOE suscribieron un acuerdo que garantiza el apoyo de los republicanos a Sánchez.
Dirigentes de Junts permanecen en Bruselas y así Puigdemont se reunió en la mañana de ayer en su despacho con el secretario general, Jordi Turull, y la portavoz del grupo en el Congreso, Miriam Nogueras. También permanece en la capital europea el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque no se ha producido un encuentro presencial entre ambas partes, como el que tuvo lugar el pasado lunes. A lo largo de la mañana sí se produjeron llamadas y un intercambio de papeles entre Cerdán y Puigdemont.
La falta de acuerdo con Junts ha provocado que no se haya registrado la proposición de ley sobre la medida de gracia, un paso clave para acelerar la convocatoria del debate de investidura, cuya fecha sigue en el aire. Fuentes del PSOE aseguraron que los retrasos obedecen a la complejidad técnica de las discusiones respecto al texto de la ley de amnistía. Cualquier cambio que se aplique requiere el consejo de juristas y eso ralentiza los avances, señalan dichas fuentes.
Por su parte, Junts ha enfriado las expectativas de un acuerdo inminente ya que consideran insuficiente lo pactado con ERC respecto a la amnistía. “No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips”, aseguró el secretario general de la formación que lidera Puigdemont, en un escrito remitido a sus compañeros de dirección. “Aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido” y a la que JxCat intenta incluir en la amnistía, expone en su misiva Turull, que pide “calma” para resistir a las presiones por cerrar cuanto antes un acuerdo. Entre los escollos por resolver en la negociación, desde JxCat apuntan a los casos que afectan a los CDR, a miembros de los Mossos d'Esquadra y a cargos de la Generalitat procesados por los sucesos de 2017 en Catalunya.
A la espera de la decisión de Junts, las bases de ERC, con un 89% de votos favorables, avalaron ayer que se invista a Sánchez tras una consulta interna en la que participó un 43,6% de los afiliados. El pacto con el partido de Oriol Junqueras incluye el traspaso íntegro del servicio de Cercanías o Rodalies, completar la plantilla de los Mossos d’Esquadra y la asunción del Estado de parte de la deuda autonómica cifrada en 15.000 millones de euros.
Verificador
Según explicaron fuentes republicanas en una conversación informal con periodistas en Barcelona, ERC ya ha propuesto al PSOE diversos nombres del ámbito internacional para que ocupen la figura de “verificador” del proceso de negociación entre ambos y el cumplimiento de los acuerdos. Dichos nombres incluirían tanto a expertos concretos como fundaciones o instituciones. En todo caso, ambas partes deberán decidir de mutuo acuerdo quién ocupa finalmente esa figura, uno de los puntos incluidos en su pacto.
A este respecto se refirió el exdiputado del Congreso y negociador de Sumar para la investidura, Jaume Asens, que calificó de “imposible” que no haya un acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la ley de amnistía que permita la investidura de Pedro Sánchez. Apostilló que la discrepancia se centra en “uno o dos artículos”, ya que los de Puigdemont “quieren ir un poco más lejos porque consideran que hay una serie de cosas en la propuesta del PSOE que no son lo suficientemente ambiciosas como esperan ellos”.
Protesta en Ferraz
Por otro lado, varios cientos de personas convocadas a través de las redes sociales protestaron ayer contra la ley de amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez y pidieron “unidad nacional” cerca de la sede del PSOE de la calle Ferraz en Madrid, después de que la policía, que se había desplegado desde horas antes con furgonetas, les impidiera concentrarse justo frente a las puertas del partido.
Con el lema “No a la amnistía”, los manifestantes expresaron su rechazo al pacto alcanzado por el PSOE con ERC y especialmente contra una posible amnistía a Carles Puigdemont. En varias ocasiones gritaron “Puigdemont a prisión” y en la cabecera de la manifestación había un cartel de grandes dimensiones que decía “Pedro Sánchez a prisión”.