El PSOE confirma que la Ley de Amnistía de 1977 "seguirá vigente"

Finalmente se ha confirmado que no era oro todo lo que relucía y el PSOE ha advertido de que, pese a su acuerdo con Unidas Podemos en el marco de la nueva Ley de Memoria Democrática, que abriría la puerta a sortear la Ley de Amnistía de 1977 para juzgar crímenes del franquismo, esa norma clave de la Transición no se toca.

Así lo ha expresado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que ha ido incluso más allá y ha puesto en valor tanto el proceso de Transición en su conjunto como esa norma de Amnistía del 77. Muchos la califican de "ley de punto final" porque cerró la puerta a iniciar procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, lo que contraviene la normativa internacional actual.

La Ley de Amnistía "fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran", ha aseverado Bolaños en Onda Cero. La mano derecha de Pedro Sánchez ha añadido que, cuando la Ley de Memoria entre vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo la que existe desde 2002, cuando se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional. Ello tendría como consecuencia sortear la Ley de Amnistía porque los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir, a ojos de la ley internacional.

LAS CONDICIONES DE ERC

Pero para que la Ley de Memoria Democrática entre en vigor hacen falta los votos de ERC, formación que ya ha marcado distancias respecto al acuerdo del Gobierno de coalición. El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha negado que la Ley de Memoria Democrática condicione el apoyo de su formación a las cuentas públicas y ha supeditado ese respaldo a la protección del catalán en el marco de la Ley Audiovisual. Las reticencias de ERC han provocado que Moncloa busque apoyos a la Ley de Memoria de forma paralela en otros caladeros como Ciudadanos, redoblando de paso el malestar de la formación catalana.