El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido entre sus enmiendas a la ley concursal una que establece que si el fiscal general del Estado es miembro de la carrera fiscal, adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesado del cargo. De salir adelante esta modificación, posibilitará que la actual fiscal general Dolores Delgado sea fiscal de Sala del Supremo cuando abandone el cargo.
Concretamente la enmienda 603 indica en el apartado cuarto que "se modifica el apartado 6 del artículo 31 de la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que queda redactado como sigue: Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".
Malestar en el PP
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis Santamaría ha compartido en su perfil de Twitter el punto exacto de las enmiendas del PSOE en el que se propone esa modificación, y ha calificado el asunto de "escándalo". "Pedro Sánchez utiliza una enmienda a la Ley Concursal para ascender a la fiscal general del Estado para que cuando cese tenga la categoría de Fiscal de Sala", ha indicado, añadiendo que "favor con favor se paga y entre tanto el Estado de Derecho por el sumidero".
En declaraciones a los medios, ha puntualizado que el PSOE ha utilizado una ley eminentemente económica para incluir este "ascenso encubierto". "Dentro del proceso de tramitación de enmiendas de una ley de contenido económico el PSOE incluye la 603 en la que se da un ascenso encubierto a la fiscal general", ha subrayado.
"Viene a decir que cuando deje de ser FGE se retirara con categoría" superior, ha explicado, para luego añadir que es una enmienda "hecha a la medida de la persona de la FGE (...) que es la ministra 23 del Gobierno".
Favor con favor se paga
Además, ha enfatizado que a su juicio es una compensación para Delgado porque de esta manera cuando deje el puesto tendrá una posición y retribución muy superior a la que le corresponde ahora.
Y ha puesto el foco en que se presenta un 16 de marzo, justo cuando es "muy cuestionada por la tramitación del expediente al fiscal Ignacio Stampa por las propias asociaciones de fiscales". Además, ha añadido que también recibe críticas por los audios publicados con el excomisario José Manuel Villarejo y por el papel que ha jugado con la Fiscalía Europea por la investigación sobre el contrato vinculado al hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. "Favor con favor se paga", ha añadido.
Su compañero de partido, el senador por Valencia Fernando de Rosa, ha compartido la misma imagen y ha lanzado una pregunta al aire. "¿Estamos ante la antesala del cese de la fiscal general del Estado? Lola Delgado se está arreglando su futuro a través de esta enmienda del PSOE a la ley concursal", ha apuntado en la misma red social.
Un daño muy serio a las instituciones para la derecha
Por su parte, la diputada de Vox Macarena Olona se ha sumado a la crítica al tuitear que la enmienda 603 es un ascenso a la máxima categoría de la carrera para Dolores Delgado para cuando cese como fiscal general. "No tienen vergüenza", ha apostillado.
El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado de "gravísimo" el documento. "Después de colocar a una exministra como fiscal general, el PSOE pretende blindar su ascenso por la puerta de atrás a Fiscal de Sala del TS. Los ataques del Gobierno a la separación de poderes no tienen límites. Con la ley de Cs, Delgado nunca habría tenido este cargo", ha apuntado.
También desde las filas naranjas el diputado Guillermo Díaz ha criticado lo que considera el "cierre de un círculo totalmente pernicioso" después de haber colocado como "fiscal general a una ministra cargándose absolutamente cualquier apariencia de independencia". "Ahora, para colmo, con un subterfugio a ver si cuela le aumentan la categoría laboral: es un daño a las instituciones muy serio", ha apostillado.
La enmienda concreta, la 603, indica que este cambio y otros que incluye se justifican en la necesidad de adaptar el estatuto fiscal del país a las previsiones del Segundo Informe de Cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, informe relativo a España, fortaleciendo la autonomía e independencia del fiscal general.