El grupo parlamentario socialista mantendrá su posición de excluir de la ley de protección, derechos y bienestar animal a los perros de caza y otros animales de trabajo porque cuenta tanto con el respaldo parlamentario como con el apoyo de los sectores afectados.
Así, fuentes del PSOE han manifestado a Europa Press que confían en que la norma, que se debatirá y votará este jueves en el Congreso de los Diputados, saldrá adelante con el apoyo de todos los socios habituales del Gobierno de coalición que sí están de acuerdo con el resto del proyecto legislativo al defender que su enmienda relativa a los perros de caza es fruto de la escucha a todos los sectores afectados del mundo rural, no solo el sector cinegético.
En concreto, destacan que la polémica enmienda aglutina el consenso del mundo rural así como de los sectores económicos y productivos hasta el punto de asegurar que el citado texto, que ha provocado el disenso en el Gobierno de coalición, pone de acuerdo a buena parte de la ciudadanía.
Así las cosas, desde Ferraz afean a otros grupos parlamentarios la falta de escucha a los sectores afectados y reiteran que los socialistas han sido claros desde el principio. Por ello, estas fuentes subrayan que no se van a mover de su posición basada no en una decisión política sino en conversaciones con los afectados y que cuenta, además, con el apoyo de una amplia mayoría de los grupos en la Comisión de Derechos Sociales y Agenda 2030 donde fue aprobada en el mes de diciembre.
En este contexto, prevén que la ley salga adelante ya que tiene no se entendería, en su opinión, que fuera rechazada cuando los grupos del Gobierno de coalición solo difieren en un mínimo porcentaje y más aún cuando los socialistas se han comprometido a desarrollar con calma una nueva legislación específica para los animales afectados que incluye, no solo a los perros de caza, sino a los de trabajo, los perros policía, las aves de cetrería o los cetáceos. En todo caso, recuerdan que todos ellos ya están protegidos contra el maltrato animal por el Código Penal.
De ese modo, emplazan a Unidas Podemos y al resto de socios a sentarse a hablar con los distintos sectores y escuchar con calma sus reivindicaciones. Por ello, insisten en que la votación de mañana no supondrá un punto y final sino un punto y seguido para el bienestar animal.
Precisamente, como un "último intento" de cara a la votación de este jueves, Unidas Podemos, ERC, Bildu y Más País a la que posteriormente se ha sumado Junts per Catalunya han registrado una enmienda conjunta para que el PSOE retire la exclusión de los perros de caza de la norma, que los socialistas lograron introducir al texto.
Concretamente, estos grupos parlamentarios han transaccionado una de las enmiendas que llegaban vivas a la sesión plenaria para revocar que estos canes queden fuera de la ley. El texto propone eliminar el apartado e) del artículo 1.3 del dictamen que salió de la comisión parlamentaria y que excluye a los animales utilizados en actividades específicas, así como los utilizados en actividades profesionales, los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza para que todos ellos no queden al margen de esta ley.
Además, propone eliminar del dictamen de la norma aprobado en Comisión con el rechazo de Unidas Podemos, que esos animales se regulen y queden protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, de modo que les sea de aplicación al margen de esta ley.
Los morados hacen frente común con aliados del Ejecutivo y elevan la presión, en vísperas de la votación, para que el PSOE vea que los socios habituales no comparten su postura y evidenciar el riesgo de que la ley decaiga por falta de apoyo.
Al mismo tiempo, Unidas Podemos ha propuesto eliminar una disposición adicional para hacer ciertas salvedades y exceptuar de la norma a los cetáceos que viven en cautividad en zoos y delfinarios, que fue propuesta por Coalición Canaria y aprobada e incorporada al texto en la Comisión de Asuntos Sociales y Agenda 2030, también con el apoyo del PSOE.
En este caso, los socialistas también basan su argumento en la necesidad de evitar un daño a los sectores implicados y a la actividad turística alrededor de zoos y delfinarios que se verían afectados, en particular el Loroparque de Canarias.