El PSOE se ha mostrado en contra de que el Congreso acepte tramitar la propuesta de sus socios parlamentarios de abrir una vía para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo. Los socialistas alegan que la proposición de ley vulnera los principios básicos de legalidad, de irretroactividad y de seguridad jurídica, y ha preferido canalizar este debate en la Ley de Memoria que está encallada en la Cámara.
ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís -junto a Junts, la CUP y el BNG- han defendido en el Congreso la iniciativa presentada en 2020, mientras se mantiene 'congelada' la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Consejo de Ministros en julio.
Su idea es incorporar al Código Penal "una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
En concreto, han solicitado introducir un artículo para dejar claro que lo previsto en el Código Penal "no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".
La iniciativa vulnera tres principios básicos, según el PSOE
Este martes, sin embargo, el bloque que ha defendido la proposición no ha logrado convencer al PSOE. El diputado socialista Indalecio Gutiérrez ha mostrado su oposición al considerar que vulnera tres principios básicos: el de legalidad, el de irretroactividad y el de seguridad jurídica.
Ha asegurado que tras analizar la jurisprudencia, "se generan muchas dudas" acerca de que el derecho internacional ampare la retroactividad que se quiere aplicar a través de esta proposición. En este sentido, ha indicado que si bien es cierto que el estatuto de la Corte Penal Internacional contiene la regla de imprescriptibilidad, esta también recoge principio de irretroactividad.
A su juicio, "hay que dar seguridad política a la sociedad española, no debilitarla", y ha aprovechado para conminar a los grupos a aprobar la Ley de Memoria Democrática porque, a su juicio, lo que hace falta es "hacer pedagogía" de los hechos acaecidos para que no se vuelvan a repetir", especialmente ahora que "los herederos ideológicos" del franquismo tienen "cada vez más auge".
El otro socio del Gobierno, Unidas Podemos, no se ha mostrado en contra de tramitar la proposición de ley. El presidente del grupo, Jaume Asens, indicó que con esta propuesta no le estaban pidiendo cuentas a la dictadura, sino a la democracia, ya que -a su juicio- es esta democracia quien encubre los crímenes del franquismo e impide que se haga justicia.
"Es la hora de sacar la Ley de Memoria Democrática del congelador"
Insistió en que "no hay ningún impedimento para avanzar en el enjuiciamiento de los responsables". "No hay pactos de silencio que valgan en el avance de los derechos humanos", agregó para luego avisar al Gobierno que ya "es la hora" de sacar la Ley de Memoria Democrática "del congelador".
Esa Ley de Memoria superó en octubre el debate de totalidad, con PP, Vox y ERC pidiendo su devolución, y después los dos partidos que integran el Gobierno acordaron un paquete de enmiendas conjuntas para mejorar la ley y dar cabida a algunas de las reclamaciones de Unidas Podemos, que siempre ha defendido la necesidad de garantizar que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados en España, hasta ahora imposible por la Ley de Amnistía de 1977.
En el debate de este martes, el PP, Vox y Ciudadanos también se han mostrado en contra de la iniciativa auspiciada por la CUP. Por el Grupo Popular, Edurne Uriarte ha acusado a "la extrema izquierda y a los nacionalistas" de querer juzgar los crímenes del franquismo "manipulando el derecho internacional" para "poner patas arriba la legalidad de una democracia que nunca aceptaron".
En su opinión, la iniciativa "nada tiene que ver" con la democracia o con la justicia y ha incidido en que "el verdadero problema" para España son las formaciones que han redactado la propuesta. Para José María Sánchez, de Vox, la proposición de ley es "aberrante" y ha insistido en que no es posible juzgar hechos que han tenido lugar durante el franquismo a través de la invocación del derecho internacional que recoge la iniciativa.
Ciudadanos también reprocha el texto
Guillermo Díaz, de Ciudadanos, también ha reprochado el texto y a sus redactores por querer perseguir a criminales muertos y no a criminales vivos, en referencia a quienes organizan los homenajes a etarras. A su juicio, pretenden hacer del Código Penal "una especia de tabla de güija".
El diputado de la CUP Albert Botran fue el encargado de defender la iniciativa, insistiendo en que la naturaleza de los crímenes cometidos durante la dictadura contienen un carácter internacional que no permite la amnistía o la prescripción.
Botrán sostiene que "la memoria no es venganza" y que su objetivo es acabar con la "impunidad". También reprochó que la Fiscalía propusiera abrir una investigación sobre los delitos cometidos en Ucrania durante el ataque de Rusia y señaló que "no deja de ser una paradoja" que se persigan delitos en Kiev cuando no hay "ni un solo juicio de crímenes del franquismo" en España. Además, criticó que la ley de bebés robados y la de Memoria Democrática sigan "encalladas".
Carolina Telechea, de ERC, aseguró que se trata de "una proposición de ley sencilla, que no simple" para que no se impida el enjuiciamiento de actos que hubiesen significado un delito de lesa humanidad. Dijo que era un paso "importante" para "desmontar el modelo español de impunidad" a la vez que insistió en que su aprobación no generaría quebranto a las garantías procesales.
Por Bildu, Isabel Pozueta insistió en que el cambio en el Código Penal buscaba "apuntalar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas" y que su aprobación "supondría un avance importante para poner fin a la impunidad". Además, pidió al Gobierno que deje de "ampararse" en la ley de secretos oficiales para no investigar estos crímenes. "Es hora ya de materializar una política de reparación que vaya más allá de lo administrativo y mediático", añadió.
Un "asunto de justicia"
Desde el PNV, Aitor Esteban aseguró que lo que se ha debatido es un "asunto de justicia" para que los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el franquismo "no queden impunes". Insistió en que el principio de legalidad quedaba "cubierto" en la propuesta llevada al Congreso.
Néstor Rego, diputado del BNG, incidió en que las víctimas de los crímenes franquistas "llevan más de 80 años esperando a que se haga justicia". Aseguró que es "urgente" actuar y modificar el Código Penal para investigar estos delitos. Además, aprovechó para avisar al Gobierno que "va tarde" con la Ley de Memoria Democrática y pidió que esta no sea "otra oportunidad perdida" para "avanzar realmente".
Josep Pagès, de Junts, solicitó el apoyo para "acabar" con un "sistema construido" para no investigar los crímenes del franquismo. "En un mundo ideal la proposición que presentamos nunca debería tramitarse porque sería reiterativa, pero no estamos en un mundo ideal --dijo--. Es necesario ponerlo por escrito en el Código Penal para no dejar ningún margen de impunidad".