El acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales, que PSOE y PP hicieron público el pasado 21 de octubre, ha sido tan costoso y ha tardado tanto en fructificar que la prioridad es blindarlo a toda costa. Así lo han exteriorizado dirigentes socialistas, miembros del Gobierno español y, ayer mismo, el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Pero con límites: el PSOE solo responderá por sus candidatos y no por los que han propuesto los populares. Se trata de una forma de poner tierra de por medio con las evidentes vinculaciones políticas de algunos de estos aspirantes designados por los dos principales partidos en el Estado.
Especialmente llamativo ha sido el caso del Tribunal Constitucional, formado por doce miembros –ocho de ellos designados a partes iguales por el Congreso y por el Senado–, y en el que en este proceso solo hay que renovar a cuatro consejeros con el mandato caducado pertenecientes a la cuota de la Cámara baja. Y es que, nada más salir a la luz el día 21 los aspirantes propuestos para ocupar esos puestos, muchos recordaron que una de ellas, Concepción Espejel, fue apartada del caso Gürtel por su afinidad al PP. También se destacó que, durante la imposición de un reconocimiento a esta magistrada en 2014, la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, se refirió a ella como "querida Concha".
En la semana y media transcurrida desde el anuncio también ha saltado con frecuencia a los medios de comunicación el bagaje de Enrique Arnaldo, que ha colaborado con FAES, la fundación que lidera José María Aznar; tiene una empresa que ha suscrito contratos por casi un millón de euros con administraciones públicas gestionadas por el PP; y una estrecha relación con el exministro popular Jaume Matas.
Por Arnaldo fue preguntado ayer domingo precisamente Pedro Sánchez en la rueda de prensa tras la clausura de la Cumbre del G20, que se celebró durante el fin de semana en Roma. "El PSOE se hace responsable de sus candidatos, no de los candidatos de otras formaciones políticas; tendrán que ser otros los que respondan a esa cuestión", aseguró, tajante. Defendió en cambio que los nombres propuestos por el PSOE al Tribunal Constitucional "cumplen con los criterios escrupulosos de profesionalidad y excelencia en el desempeño de sus funciones".
Durante su intervención ante los medios, avaló además el pacto recordando que España lleva "más de 1.000 días con el bloqueo del PP y con el incumplimiento en la renovación de los órganos constitucionales", en referencia al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, toda vez que la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha dejado para más adelante ante la dificultad de lograr un entendimiento entre las dos formaciones. Sánchez afirmó por ello que Moncloa está "intentado proteger el acuerdo" entre el PP y el PSOE porque "lo que necesitamos es renovar y volver a reforzar la legitimación de instituciones que son fundamentales", zanjó.
Al igual que Sánchez ayer domingo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, tras ser preguntada el pasado viernes por la trayectoria de Enrique Arnaldo, defendió que los candidatos "son personas con una larga trayectoria en el mundo del Derecho". La expresidenta del Senado añadió que "lo importante es que se ha llegado a un acuerdo de Estado entre las fuerzas mayoritarias, el PP y el PSOE", para poner al día estos órganos, lo que se podría haber alcanzado "hace años", y recordó que "queda pendiente la renovación del CGPJ".
Además de Espejel y Arnaldo, los otros dos nombres llamados a renovar el alto Tribunal son Ramón Sáez Valcárcel, uno de los que Podemos cita como propios, que fue vocal del CGPJ a propuesta de IU y es autor de la sentencia absolutoria por bloquear el Parlament de Catalunya en 2011; y la magistrada Inmaculada Montalbán, experta en violencia de género y que ya fue la apuesta del PSOE en 2018 para el CGPJ.
Comparecencias
Estas dudas sobre la idoneidad de algunos de los candidatos propuestos se producen además en la antesala de que los cuatro nombres que aspiran a integrar el Tribunal Constitucional comparezcan mañana martes en la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados para ser examinados de su idoneidad para el cargo, al igual que lo harán seis de los doce consejeros propuestos para renovar el Tribunal de Cuentas.
En concreto, PSOE y PP acordaron los nombres de cuatro miembros del Constitucional, el recambio de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, los relevos en la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos, además de situar a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo. La mayoría de los elegidos deben pasar por votaciones cualificadas en los plenos del Congreso y del Senado, y antes en las diferentes comisiones para ser examinados por diputados y senadores.
De este modo, por la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso pasarán mañana 2 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, los cuatro nombres pactados para el Tribunal de garantías y los seis del Tribunal de Cuentas, pertenecientes a la cuota de la Cámara baja.
En el caso del Tribunal de Cuentas, los seis candidatos que acudirán a la comisión del Congreso son Enriqueta Chicano Jávega, Isabel Fernández Torres, María Dolores Genaro Moya, Diego Iniguez Hernández, José Manuel Otero Lastres y Miguel Ángel Torres Morato, actual fiscal jefe de este mismo órgano. El resto, que comparecerán en la comisión del Senado, son Elena Hernáez Salguero, Rebeca Laliga, Joan Mauri Majós, Javier Morillas, Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla y María Luz Rodríguez Rodríguez.
Por su parte, el futuro Defensor del Pueblo, el exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo, compareció el 27 de octubre en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso, que aprobó por 27 votos a favor y 4 en contra la "idoneidad" del candidato y ahora debe elevar la propuesta favorable a los plenos del Congreso y del Senado. En la misma situación está su adjunta primera, María Teresa Jiménez Becerril. Por contra, la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos solo necesita el visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso.
Órganos constitucionales
Votación. Para sacar adelante los nombramientos relativos al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo no sirve la mayoría simple de las Cámaras, ni siquiera la mayoría absoluta, la mitad más uno, sino un apoyo cualificado de tres quintos. La mayoría exigida supone que hace falta el voto de 210 diputados, de los 350 que componen el Congreso, así como 159 senadores de los 265 que se sientan en el hemiciclo del Senado, de ahí el obligado acuerdo entre PSOE y PP.
Mandato del TC. Los doce miembros del Tribunal Constitucional son designados por un periodo de nueve años y cada tres años se renueva un tercio del tribunal. En esta ocasión, con un retraso de dos años sobre la fecha en la que debía haberse producido el relevo, salen su presidente y su vicepresidenta, con lo que los miembros del TC tendrán que elegir a esos cargos. La demora se traducirá en que el mandato de quien asuma la presidencia y la vicepresidencia apenas dure un año, pues en 2022 toca renovar otro tercio del TC, siempre que no haya otro bloqueo.
Resto de mandatos. Los miembros del Tribunal de Cuentas son designados por un periodo de nueve años, en tanto que las presidencias tienen una vigencia de tres años, mientras que el mandato del Defensor del Pueblo y de la presidencia o dirección general de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración estipulada de cinco años.