La Comisión de Hacienda del Congreso va a intentar de nuevo este lunes sacar adelante la reforma fiscal cuya votación ha tenido que aplazar ya en dos ocasiones. EL PSOE sigue negociando contrarreloj para evitar los vetos cruzados que mantienen tanto Sumar, su socio de Gobierno, como sus aliados en la investidura.
Esta reforma tenía en origen impulsar un nuevo impuesto del 15% a las empresas multinacionales tal y como viene marcado de la Unión Europea, pero el Gobierno socialista fue mucho más ambicioso y quiso incluir en el mismo paquete otras reformas fiscales que han puesto en evidencia su precaria estabilidad.
Negociación a varias bandas
Por un lado, el Ejecutivo del PSOE pactó con PNV reformar el impuesto a la banca para hacerlo permanente con lo que las haciendas vascas pasarían a gestionarlo, mientras que los socialistas negociaron retirar el gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, una medida que el Gobierno también comprometió con Junts.
Este acuerdo disgustó a su socio en el Gobierno, Sumar, y también a ERC y EH Bildu, para quienes mantener el impuesto a las energéticas se ha convertido en una línea roja
Por otro lado, la negociación a varias bandas del PSOE cristalizó en un acuerdo con Sumar para gravar artículos de lujo como yates o yets privados y en un pacto para retirar las exenciones fiscales que hasta ahora se contemplan para los seguros privados de sanidad. Y este segundo punto es una cuestión con la que Junts y PNV han dicho no estar de acuerdo y, por lo tanto, no lo respaldarán, puesto que un 20% de la población vasca y un 11% de la navarra cuenta con uno de estos seguros.
El PP ofrece una salida
Con este panorama de vetos cruzados parece que el PSOE va a tener difícil alcanzar el acuerdo, así que en las últimos días está cobrando fuerza la posibilidad de que el PSOE coja el guante que le tiende el PP que está dispuesto a respaldar la reforma siempre que se limite solo a subir el 15% el impuestos a las empresas multinacionales que exige Bruselas y de la que depende el desembolso de 7.500 millones de euros de fondos europeos.