Su informe es claro al sostener que el Ayuntamiento debe responder con su patrimonio si desclasifica los suelos del sector 17.
–Si continúa en su empeño de llevar adelante una desclasificación de los suelos urbanizables del ese sector, va a resultar costoso para las arcas municipales por un simple motivo jurídico. Lo que han hecho hasta ahora los propietarios ha sido ejecutar el plan general vigente, cumplir las obligaciones que les impone, asumir unos compromisos financieros, el desembolso económico y todo ello con las aprobaciones sucesivas del Ayuntamiento. Si ahora se desdice de todo eso, tendrá que indemnizara los propietarios no solo por los gastos, sino porque les va a privar de esa iniciativa y supone un quebranto económico importante.
El Consistorio argumenta que los plazos ya se han superado.
–Respecto a que han dejado transcurrir todos los plazos de ejecución y la pérdida de los eventuales derechos que hubieran tenido en su momento, no es un argumento consistente. Hablamos de que en el periodo desde que el Ayuntamiento autorizó y aprobó todas las actuaciones que emprendieron los propietarios, se produjo una auténtica hecatombe económica y financiera.
Y también que no se indemnizan expectativas.
–Aquí no hay expectativas. Existe un plan general que clasifica los suelos de una determinada manera y establece que el sector 17 es susceptible de dar lugar a un cierto número de viviendas. Los propietarios llevan adelante unos proyectos, sometidos a la autorización del Ayuntamiento, han afrontado unos gastos y han dado pasos en la dirección de ejecutar el planeamiento y urbanizar los terrenos. Otra cosa es que las obras materialmente se hayan podido llevar a cabo. Existen, por tanto, derechos que se han ido generando como consecuencia del cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes y no expectativas.
A la vista de los intereses encontrados, ¿los tribunales emergen como punto donde dirimir las diferencias?
–Si efectivamente el Ayuntamiento ha cambiado de criterio y, frente al anterior equipo de gobierno que mostró disposición a negociar, el actual no es proclive a ello y pretende imponer su sola voluntad en lugar de negociar cuando los propietarios han hecho un trayecto importante para ejecutar el plan general, evidentemente no van a aceptar que la institución cambie de criterio porque les supondría un gravísimo daño económico, tienen que actuar ante los tribunales para pedirles el amparo.
¿Cuándo tienen previsto presentar ese recurso?
–Hay tres recursos en marcha ante el Contencioso Administrativo de la ciudad y hay una fecha tope del 29 de noviembre para interponer un cuarto contra la decisión de adjudicar la urbanización de toda la parcela. Todo ello, sin perjuicio de otros que pudieran llegar a la vista de que el Ayuntamiento está recurriendo las actuaciones de la Junta de Concertación. Esos tres recursos ya en marcha se han interpuesto obligados porque el Ayuntamiento se ha querido desdecir de lo que había hecho hasta entonces y cambiar de criterio. No ha sido por gusto.
¿De qué plazos estamos hablando para que se vayan conociendo las resoluciones de cada recurso?
–Desde que se interpone hasta que se resuelve en Vitoria generalmente son bastante más de doce meses. No sabría cuantificar exactamente pero entre 15 y 16 meses, dependiendo también de la complejidad y situación en la que se encuentre el Juzgado. Hay un pulso entre el Ayuntamiento y los propietarios y creo que ese pulso no es nada saludable para Vitoria. En algún momento tendrá que vencerse ese pulso como consecuencia de alguna resolución judicial y avenirse el Ayuntamiento a sentarse a la mesa. Esa va a ser la clave. No se entiende por qué venía considerando, hasta hace poco, que había margen y más recientemente ha dicho que no.
En ese sentarse a la mesa, ¿se puede pensar en cambiar la indemnización por modificar las edificabilidades de unas parcelas a otras?
–Los propietarios serían más partidarios, como lo han sido hasta ahora de sentarse a negociar como lo hicieron con el anterior equipo de gobierno en una serie de reuniones. No se concretó en un acuerdo final porque se agotó la legislatura, pero la idea era retomar eso en la siguiente, que es la actual, pero no ha podido ser. Lo deseable para el interés público, y que es el de los particulares también, es que se pudiera llegar a algún tipo de negociación que desembocara en un acuerdo. Hay que negociar para llevar a cabo la urbanización de los terrenos, ver qué se urbaniza y ver en qué condiciones se urbaniza. Eso es lo que en último término estaba negociándose en la legislatura anterior. Luego se verá si no se produce este desenlace, que sería el mejor para los intereses enfrentados, y el Ayuntamiento siguiera en su empeño de desclasificar y los propietarios se vieran obligados a defender sus derechos en los tribunales y terminara en una condena al Ayuntamiento, ahí ya no habría margen para negociar. Eso es un escenario que no le apetece a nadie y al Ayuntamiento de Vitoria, menos aún.
Se llega a hablar incluso de una indemnización superior a los 30 millones de euros. ¿Es muy osada esa cantidad?
–No puedo cuantificarlo porque sería demasiado osado. La indemnización iría más allá que la compensación por gastos devengados, que es lo mínimo de lo mínimo. Habría que indemnizar la privación del derecho a la iniciativa de los propietarios, que eso teniendo en cuenta al estadio al que se había llegado, puede costar mucho dinero porque es una gran superficie de terreno con muchas viviendas previstas. La cantidad puede ser bastante elevada, pero no sabría decirle si es una cantidad u otra.
La suspensión del otorgamiento de licencias está vigente hasta febrero de 2023. Si para esa fecha no está aprobado el documento de aprobación inicial del nuevo plan general, ¿podría retomarse la urbanización?
–Si efectivamente llegamos a esa fecha y se levanta la suspensión, los propietarios no tendrían obstáculos para seguir adelante. Otra cosa es que el Ayuntamiento pudiera acordar prolongar la suspensión un año más, porque puede hacerlo por un plazo total de dos años por elaboración del plan general. Pero el Ayuntamiento sabe que acordar la prolongación por un año más no podría volver a suspender el otorgamiento de licencias en ningún momento y es una decisión muy arriesgada. .
¿Qué riesgos existirían?
–Cualquier gestor municipal sabe que la elaboración y aprobación de un nuevo plan general lleva mucho tiempo. La legislación concede al Ayuntamiento un plazo máximo de dos años para la suspensión del otorgamiento de licencias, durante el cual puede elaborar y aprobar el plan. La realidad pone de manifiesto que los planes necesitan más de ese tiempo por todos los trámites que precisan. Si el plazo de uno o dos años se levanta, los propietarios que hubieran solicitado los correspondientes títulos y licencias, tienen derecho a que se les otorgue. Si eso que quieren hacer no es compatible o no tiene encaje con el plan general que se apruebe más tarde, el Ayuntamiento debería indemnizar a los propietarios.
¿Se ha tenido que enfrentar a situaciones como esta en otras ciudades? ¿Cómo se han resuelto?
–Incluso en algunos más complejos que este me he visto envuelto. Lo que no se puede hacer es aplicar las reglas comunes a situaciones extraordinarias.