Ya fuera una propuesta real o solo un globo sonda, el rechazo político dentro del propio Gobierno central y de los agentes sociales reventó ayer -todo apunta a que definitivamente- el último planteamiento del ministro de Seguridad Social sobre jubilaciones: elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de las pensiones y desechar los dos años de cotización peores.
La música de ese capítulo de la reforma no suena bien ni para los sindicatos ni para la patronal. Y el contrapeso directo de José Luis Escrivá en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, confirmó personalmente lo que ya habían avanzado fuentes de su equipo el lunes por la noche: Unidas Podemos rechaza cualquier propuesta que suponga un recorte de la pensión y ampliar los años para el cómputo de la pensión va en esa dirección.
El tiempo apremia porque España se ha comprometido con la Comisión Europea a darle una vuelta de tuerca a las pensiones antes de fin de año y el acuerdo con los agentes sociales parece muy lejano. El ministro de Seguridad Social ya había deslizado las últimas semanas las dos líneas en las que trabaja su equipo: una subida gradual -entre 2025 y 2050- hasta el 30% en las cotizaciones máximas -que se sumaría al incremento por la inflación- y elevar el periodo de cálculo -en un principio hasta los 35 años-.
Escrivá ha suavizado su propuesta en ese sentido hasta los 28 años una vez descontados los dos peores años de cotización, pero tampoco ha encontrado respaldo. “El ministro ha vuelto a equivocarse, es un debate que no es necesario abordar hoy”, indicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. En la misma línea se pronunció, Unai Sordo (CCOO) que consideró que esa propuesta no logrará “consenso político”. Los sindicatos ven necesario esperar a que entre en vigor el cómputo de 25 años -este es el último año- y evaluar sus efectos prácticos antes de volver a tocar esa tecla. Fuentes de la CEOE, en declaraciones a Europa Press, afirmaron que ven difícil “de entrada” llegar a un acuerdo y lamentaron que la “primera propuesta firme” llegue “tan tarde”, a un mes del plazo marcado para aprobar la nueva reforma de las pensiones.
El Ministerio de Seguridad Social recuerda que este planteamiento es “un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social”. Sin embargo, de momento solo hay tímidos puntos de encuentro con los sindicatos que estiman que las propuestas de Escrivá son “claramente insuficientes”.
RECHAZO POLÍTICO
En el plano político, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la primera en enfriar el documento presentado a los agentes sociales. “Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos”, aseveró Díaz, desde México, donde se encuentra de visita oficial. Con todo, hizo un llamamiento a “respetar” el trabajo en la mesa de diálogo social, señalando a su vez que algunos de los debates que se están llevando a cabo sí tienen elementos positivos.
Las críticas continuaron desde la oposición. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, instó al ministro de Seguridad Social a convocar una comisión del Pacto de Toledo para debatir la propuesta del nuevo periodo de cómputo de las pensiones “con seriedad y con rigor y conociendo de primera mano las propuestas”. Al tiempo que se negó a valorar las “ocurrencias” de Escrivá sin conocerlas al detalle.
En medio de una tormenta también avivada por Ciudadanos e incluso por socios del Gobierno de Sánchez como BNG y Más País, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, intentó rebajar la tensión y defendió que el Ejecutivo está avanzando en la segunda fase de la reforma de pensiones y espera que cuanto antes haya un acuerdo con los agentes sociales.