El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, negó ayer ante el juez Juan Carlos Peinado, que hoy tomará declaración a Pedro Sánchez, que existan irregularidades en la cátedra que codirige Begoña Gómez, y aseguró que él no dio orden alguna en relación a quién debía dirigirla. Reiteró de esta forma la versión que ya aportó, en ese caso como testigo, el 5 de julio ante el juzgado de instrucción 41 de Madrid, cuando indicó que se reunió con la mujer del presidente del Gobierno español en La Moncloa antes de que ésta pasase a codirigir la cátedra. Esta vez, Goyache acudió a los juzgados como investigado por un delito de tráfico de influencias, del que se desmarcó abiertamente. En este contexto, Peinado comunicó que en el interrogatorio del líder socialista estarán presentes, además de la comisión judicial, el Ministerio Fiscal, los abogados de las defensas y la letrada de Vox por parte de la acusación. A su vez, el magistrado acordó suspender la declaración como investigado del empresario Carlos Barrabés, prevista para ayer, y reprogramarla para el jueves por motivos de salud.
El rector compareció durante casi una hora, en la que respondió las preguntas de todas las partes y rechazó que él diese la orden de quién debía dirigir la cátedra, que era “una cátedra más”, y explicó que él simplemente trasladó la propuesta al entonces vicerrector, Juan Carlos Doadrio, que fue quien se encargó al tener la competencia en esos asuntos. Él, como rector, quiso recalcar Goyache, no intervino más. El juez le imputó días después de la declaración como testigo del actual vicerrector de la UCM José María Coello y de Doadrio, quien sí señaló al rector como la persona que ordenó dar la dirección de la cátedra a Gómez. Otras fuentes explican que Doadrio no aludió a ninguna irregularidad en la creación de la cátedra y señaló que, pese a su afinidad política con el PP, no tuvo problema en participar en la misma si se cumplían los requisitos. Tras Goyache, compareció como testigo el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego del Alcázar, quien fue interpelado sobre la contratación de Begoña Gómez al frente del África Center, uno de los organismos del IE University. A este respecto señaló que la contratación se fundamentó en que Gómez contaba con un currículum adecuado, como apuntó en la documentación que envió al Senado en una comisión de investigación.
Los contactos para contratar a Gómez arrancaron en febrero de 2018, cuando Sánchez era aún el líder de la oposición; meses después, en agosto y cuando ya ascendió a La Moncloa, se firmó el contrato, que contaba con una cláusula de incompatibilidad que impedía contratar con entidades públicas, indican fuentes próximas al IE. Las citaciones de ayer dieron arranque a una semana en la que, por primera vez, un juez acudirá al palacio presidencial a interrogar al jefe del Gobierno, con la férrea oposición de la defensa de Gómez y de la Fiscalía, que ayer mismo volvió a recurrir para que, en todo caso, la declaración sea por escrito, como pidió Sánchez. A La Moncloa se trasladará la comitiva judicial, el fiscal, las defensas y Vox, en representación de las acusaciones populares, lo que generó gozo en la ultraderecha. La gran incógnita radica en qué preguntas les formulará el juez al dirigente socialista ya que no puede interrogarle acerca de cuestiones que estén vinculadas con el ejercicio de su cargo, y solo respecto a aquellas que estén justificadas por ser el esposo de Gómez.
La bilis política correrá a espuertas. No en vano, todo el PSOE estará hoy detrás de Sánchez arropándolo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tachó ayer de “impertinente e innecesaria” la declaración de su líder porque, a su juicio, supone “retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la legislación en un Estado de derecho”. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó que “todo ese ruido” que está generado “una minoría no va a desviar ni un ápice” la labor del Ejecutivo, destacando que “todo el gobierno está detrás del presidente”. Igualmente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, criticó la “burda persecución” contra Sánchez y precisó que nadie está por encima de la ley: “Tampoco el señor Peinado”.
Por contra, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó al presidente del Ejecutivo de utilizar la Fiscalía “como el abogado de familia de los Sánchez”. “A estas alturas, todos sabemos que el fiscal general del Estado se está encargando muy bien de que a la defensa de Sánchez y su familia no le falte absolutamente de nada”, añadió en los prolegómenos de una declaración que, eso sí, engrosará ya la historia política.
Apoyos al juez
Desde la Magistratura. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, denunció ante la UE “los ataques” contra el juez Peinado por el ‘caso Begoña Gómez’. Lo hizo en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aclarando que “siempre hemos entendido que las resoluciones judiciales están sujetas a crítica, que la libertad de expresión es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos”.