El referéndum escocés, atenazado por los plazos

El Tribunal Supremo británico dijo ayer que puede tardar “meses” en pronunciarse sobre si el Parlamento de Escocia tiene competencia legal para legislar a fin de organizar un referéndum de independencia “consultivo” en la nación histórica. El presidente de la máxima instancia judicial del Reino Unido, Robert Reed, apuntó que las audiencias que se celebran entre ayer y hoy en Londres “son solo la punta del iceberg” y que el panel de cinco magistrados ha de estudiar más de 8.000 páginas de “material escrito”, lo que llevará tiempo. Reed advirtió de que, aunque la cuestión de un plebiscito de secesión es política, lo que la corte debe examinar son solo “aspectos técnicos de la ley”.

Lo primero que el Supremo debe decidir, recordó, es si acepta la petición de la abogada del Gobierno escocés, Dorothy Bain, de analizar el proyecto de ley del referéndum de Escocia, auspiciado por el Gobierno autónomo encabezado por Nicola Sturgeon, antes siquiera de que haya sido tramitado por el Parlamento de Edimburgo.

Bain explicó que considera “de interés público” recibir la opinión del Tribunal Supremo antes de aprobar o rechazar ella el texto legislativo, el cual regularía las condiciones para celebrar un referéndum consultivo de independencia en Escocia el 19 de octubre de 2023. El abogado del Gobierno británico, James Eadie, sostuvo por su parte que la corte “no tiene jurisdicción” para admitir la excepcional demanda de analizar una ley aún no aprobada.

Si el Supremo concluye que puede aceptar la petición de Bain, debe entonces responder a la pregunta de si el Parlamento escocés tiene competencias para organizar el referendo de secesión o si, en cambio, eso sería un “asunto reservado” al Gobierno y el Parlamento británicos con base en la ley de Escocia de 1998, que estableció el actual Parlamento autónomo de Edimburgo.

Bain argumentó que la celebración de tal plebiscito no sería un asunto reservado al tratarse solo de “una consulta de la opinión de la población”, sin consecuencias constitucionales, pues, de salir elegida la opción de la independencia, no podría ejecutarse sin la intervención del Parlamento británico.

Eadie –que intervendrá hoy– defiende por su parte que el proyecto de ley escocés, que plantearía la pregunta: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”, es “claramente” una cuestión “reservada” (no competencia de Edimburgo) dado que afecta a la “unión” entre Escocia e Inglaterra y la constitución del Parlamento británico. El abogado del Ejecutivo británico afirma que esto es así al margen de si el resultado del plebiscito es “consultivo” o “legalmente vinculante”.