El Reino Unido afronta a partir del martes la mayor huelga del sector ferroviario desde hace más de 30 años, que amenaza con colapsar el sistema de transporte del país, con graves consecuencias para los usuarios y la economía.
El Sindicato nacional de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte (RMT, en inglés) ha convocado paros el 21, el 23 y el 25 de junio, y no descarta organizar otros en los próximos meses si no llega a un acuerdo sobre salarios y condiciones con la gestora pública de la infraestructura Network Rail y los operadores privados de las líneas.
Al anunciar la mayor medida de fuerza desde 1989, que afecta a unos 50.000 trabajadores, el secretario general de RMT, Mick Lynch, lamentó que de momento no se ha obtenido de la empresa estatal "una propuesta de incremento salarial", tras años de congelaciones, ni "la garantía de que no habrá despidos obligatorios" como parte de una reestructuración prevista.
Network Rail asegura por su parte que "sigue comprometida" en encontrar una solución que asegure "la eficiencia" del servicio, que en su mayor parte fue privatizado por el Gobierno "tory" de John Major en la década de los años 90, en un proceso iniciado por su predecesora Margaret Thatcher.
Mientras, el Partido Laborista critica al actual Gobierno conservador por socavar las negociaciones al no dar más margen de maniobra a la gestora -cuyos clientes son las franquicias que operan las diferentes líneas- y el Ejecutivo rechaza implicarse en la disputa con el argumento de que "crearía aún más confusión".
MILES EN HUELGA EN UN SISTEMA FRAGMENTADO
Según RMT, entre 40.000 y 50.000 trabajadores de diversos colectivos afiliados -inspectores, camareros, señalizadores, limpieza o mantenimiento- harán huelga el martes, el jueves y el sábado, lo que afectará a una veintena de líneas de tren (de 25 operadores, tres de ellos actualmente en manos del Estado) en Inglaterra, Gales y Escocia.
Paralelamente, los conductores de tren, representados por el sindicato Aslef, harán su propia huelga este jueves y el 2 julio en la línea de Greater Anglia y el 28 y 29 de junio y 13 y 14 de julio en Croydon Tramlink.
El paro de mañana, a partir de la medianoche hora local, coincide además con una huelga de los afiliados de RMT en el metro de Londres, lo que mermará aún más el transporte en la capital.
Aunque se han establecido unos servicios mínimos -4.500 frente a los 20.000 habituales-, se espera que la huelga tenga repercusiones toda la semana y se ha recomendado a los ciudadanos que busquen formas de transporte alternativas o trabajen desde casa.
El paro coincide con exámenes en los institutos de secundaria británicos y afectará a las conexiones con el festival de música de Glastonbury, que se celebra por primera vez en tres años del 22 al 26 de junio en el condado de Somerset, en el oeste de Inglaterra.
TENSIÓN ENTRE LAS PARTES
Lynch ha indicado en "Sky News" que la oferta salarial hecha por Network Rail (antes Railtrack, que volvió a manos del Estado en 2002) está por debajo del 7,1 % de inflación que había cuando empezaron las negociaciones y acusa a la gestora de reducir la seguridad en la red con 2.500 despidos anunciados para conseguir un ahorro en dos años de 2.000 millones de libras (2.300 millones de euros).
Al igual que la oposición laborista, la Confederación Sindical TUC y trece sindicatos han pedido al ministro de Transporte, Grant Shapps, que intervenga en la disputa "para propiciar una solución justa".
Argumentan que no es razonable pedir a los trabajadores que acepten un recorte en su paga en términos reales cuando las compañías ferroviarias se embolsaron más de 500 millones de libras (582 millones de euros) de beneficios durante la pandemia.
Sin embargo, el ministro argumentó hoy en la Cámara de los Comunes que el conflicto debe ser resuelto por "el empleador y los empleados" y anunció que presentará en breve un proyecto de ley para obligar a los operadores a ofrecer servicios mínimos en las huelgas, lo que ahora no ocurre.
El presidente de la asociación de operadores de líneas de tren Rail Delivery Group, Steve Montgomery, sostuvo que los jefes "quieren dar un aumento a los empleados" pero "también hay que hacer reformas" que, a su parecer, en última instancia permitirían seguir incrementando los sueldos.
En reacción a la disputa, el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, ha dicho también que impulsará una ley que autorizaría a las empresas a contratar a personal de agencias de trabajo temporal para reemplazar a los huelguistas, algo que estaba prohibido desde 1973.