El sector cinegético denuncia que "la Ley Animalista persigue crear una red de chiringuitos"

En un contexto de crisis mundial generalizada, con los ciudadanos sufriendo el incremento de sus facturas y muchos de ellos con dificultades para hacer frente a pagos de suministros tan básicos como la luz, los carburantes o los productos de la cesta de la compra, el Gobierno de España obligará a que sostengan también con sus impuestos los gastos derivados de la ley de protección, derechos y bienestar de los animales, pese a que esta normativa va a nacer con un rechazo social y político mayoritario.

Sin embargo, la gravedad de esta realidad aumenta, ya que la ley persigue la creación de una red de chiringuitos, entre entidades, organismos, sistemas de registros y planes. Así lo ha denunciado la marea naranja a través de la difusión de un impactante vídeo, que ha sido resaltado también por la Real Federación Española de Caza (RFEC), que indica que la ley animalista, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por la navarra de Unidas Podemos Ione Belarra, tiene como única finalidad regar con dinero público a diversas entidades animalistas, que se verán beneficiadas con fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles.

Como se recuerda, el proyecto de ley en el que está trabajando el Ejecutivo central obligará a los municipios de más de 5.000 habitantes a disponer de centros de protección animal. No solo eso, sino que los ayuntamientos deberán hacerse cargo de las colonias de gatos que existan dentro de los terrenos de la localidad, incluso cuando se ha demostrado que estos grupos de animales constituyen un grave riesgo para la biodiversidad.

La normativa contempla asimismo la creación de cuatro tipos de entidades que deberán dedicarse al rescate, rehabilitación y búsqueda de situaciones de abandono tanto de animales de producción, como de animales silvestres. También deberán colaborar con el desarrollo de la gestión de las citadas colonias felinas.

Con esta nueva lista de procedimientos obligatorios, la ley prevé la puesta en marcha de los siguientes órganos, sistemas de registros y planes: el Consejo Estatal de Protección Animal, el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, el Sistema Central de Registros para la Protección Animal, el Registro de Entidades de Protección Animal, el Registro de Profesionales del Comportamiento Animal, el Registro de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, el Registro de Criadores de Animales de Compañía, el Plan Estatal de Protección Animal, los Programas Territoriales de Protección Animal y los Planes de Emergencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Como denuncia el colectivo cinegético, las únicas beneficiarias de la creación de esta red de chiringuitos serán las asociaciones animalistas. Todas estas entidades –en prácticas sacadas a la luz por la RFEC- emplean asiduamente burdos y fraudulentos métodos para la obtención de datos falsos sobre abandonos de animales, con el propósito de justificar las ingentes subvenciones que reciben periódicamente del erario público. Sus supuestos estudios, que nunca contienen datos obtenidos a través de metodologías científicas, han llegado a contradecir los aportados por el único organismo oficial que cuenta con datos, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

De hecho, el sector animalista inició recientemente una nueva campaña de sus particulares recogidas de datos. En este caso, se trata de la creación de una dirección de correo electrónico a la que, sin ninguna necesidad de identificación o sin que exista control alguno, cualquier persona puede escribir y aportar una cifra de perros recogidos. De este modo, las asociaciones animalistas suman una cantidad de perros abandonados que, a todas luces, resulta inverosímil. Después, la trasladan a la opinión pública, en la que muchos medios de comunicación respaldan sus comunicados sin contrastar la información y sin plantearse si esas cifras se han conseguido con rigor y seriedad. Sobre todo, tratándose de datos tan diferentes a los números aportados por el SEPRONA.

Por todos estos motivos, desde la RFEC se ha reclamado a los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados que no apoyen un proyecto de ley que persigue los intereses particulares de un determinado grupo de asociaciones animalistas. Ese proyecto de ley, además, ha sido tramitado con urgencia para, de esto modo, evitar la participación ciudadana, que cuenta con la férrea oposición de más de 800 científicos y con más de seis millares de alegaciones. La práctica totalidad de los sectores afectados, así como gran parte de la sociedad, sobre todo, de las zonas rurales del país, ya han mostrado su rechazo a la normativa.