A un mes del inicio del curso, el transporte escolar en Euskadi vuelve a estar en el aire tras quedar desiertas las licitaciones. Se repite un año más la presión del sector para intentar subir los precios del servicio que usan cada día miles de estudiantes para desplazarse hasta sus colegios y que el Departamento de Educación, in extremis, ya incrementó el pasado mes de setiembre un 24,1%.
En un comunicado conjunto, las asociaciones que representan al sector ANETRA, ASINTRA EUSKADI, AUNDI y DIREBUS han avisado al Gobierno vasco “del riesgo” que existe de que a la vuelta de vacaciones las niñas y los niños que cursan estudios en centros públicos de Euskadi no puedan disfrutar de los servicios de transporte escolar que prestan las empresas vascas de transporte. Según afirman estas cinco asociaciones, gran cantidad de licitaciones acaban de quedar desiertas en los tres territorios históricos con niveles superiores al 90% en Araba y Bizkaia y cercanos al 60% en Gipuzkoa porque las dificultades que encuentran los actuales prestatarios, “comprometen seriamente la prestación de los servicios de transporte escolar no sólo en el próximo curso sino a futuro”.
INCERTIDUMBRE Y PRECIOS BAJOS
Así, los operadores de transporte escolar vascos –en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas familiares de segunda generación– no saben si podrán seguir prestando el servicio. Los propietarios de los autobuses censuran que las condiciones de las licitaciones que han quedado desiertas y la incertidumbre en los itinerarios, horarios, los vehículos necesarios o el precio de las rutas “es incompatible con la necesaria planificación de un servicio eficiente y de rentabilidad adecuada para la sostenibilidad de las empresas, generando dificultades organizativas y económicas insuperables para los operadores de transporte escolar”.
En este contexto, las patronales del sector aseguran que a comienzos de junio volvieron a solicitar una reunión a Lakua que no habría sido atendida. Denuncian que los presupuestos base los contratos son “claramente irrealistas” si se consideran las exigencias materiales recogidas en sus pliegos y que la duración de contratos es “excesivamente larga”. Ante esta situación, las asociaciones de transportistas afirman tener una actitud de mano tendida al Departamento de Educación, al que solicitan una respuesta urgente para “evitar que decenas de miles de colegiales tengan dificultades para llegar a sus colegios a partir de septiembre”.