El pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva la Ley de Memoria Democrática, que refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
La ley impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha sido aprobada este miércoles en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, tras un debate de cinco horas con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha.
Los más críticos han sido el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que han presentado por separado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) a la ley que han sido rechazados en el pleno.
La aprobación de la Ley de Memoria Democrática este miércoles en el Senado es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja.
El PSOE no ha aceptado ninguna de las más de 500 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios en el Senado, muchas de ellas procedentes de socios del Gobierno como ERC, EH Bildu y Compromís, que coinciden al calificar esta ley de insuficiente aunque el resultado de su voto ha sido distinto.
"Se queda corta"
"Es una ley que se queda corta en el justo, necesario e indispensable proceso de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura franquista", ha dicho en el debate en el pleno el senador de ERC Josep Maria Reniu, cuyo partido se ha abstenido.
EH Bildu ha votado a favor, ya que considera que la ley es "un paso en la dirección correcta", según ha explicado su senador Gorka Elejabarrieta, aunque no está de acuerdo con "algunos de sus contenidos".
"Aquella mal llamada Transición ni fue modélica, ni acabó con la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de derechos humanos y políticos, de aquellos barros estos lodos", ha declarado.
Por su parte, Unidas Podemos, que integra junto al PSOE el Gobierno de coalición que ha impulsado esta ley, no cuenta con representación propia en el Senado, por lo que no ha podido participar en el debate del pleno, que han seguido desde la tribuna de invitados representantes de asociaciones memorialistas.
También han acudido al Senado en representación del Gobierno el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, mientras que a las puertas de la Cámara Alta una decena de activistas memorialistas han denunciado que la ley no pone fin a la "impunidad del franquismo".
Derogará la de Memoria Histórica aprobada en 2007
La Ley de Memoria Democrática, que derogará la de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entrará en vigor próximamente, tras su publicación en el BOE.
Uno de los asuntos más polémicos de la nueva ley es la posibilidad de crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, un margen temporal que el Gobierno extendió un año tras pactar una enmienda con EH Bildu y que abarca desde la aprobación de la Constitución hasta los inicios del Gobierno de Felipe González.
Históricos del PSOE como el expresidente del Senado Juan José Laborda firmaron un manifiesto contra esta ley al considerar que "tergiversa" el "gran pacto constitucional" de 1978, y el propio expresidente socialista Felipe González dijo que no le sonaba bien el texto.
Los grupos de derechas han coincidido nuevamente en sus críticas, al denunciar en el pleno del Senado que la Ley de Memoria Democrática "rompe el consenso de la Transición" e impone una visión "sectaria" de la historia.
"¿No les avergüenza, señores socialistas, poner en duda al expresidente socialista Felipe González por expresa petición de Bildu?", ha preguntado en el debate la senadora del PP Salomé Pradas.
Los senadores de PP, Vox, Ciudadanos y UPN también han afeado el pacto del Gobierno con EH Bildu para sacar adelante la ley, así como la "desigualdad" que aseguran que esta nueva norma fomenta entre las víctimas del franquismo y las víctimas de ETA.
El PSOE ha negado todas estas acusaciones y ha asegurado que no ha hecho "ninguna concesión" a Bildu.
Un paso más
"Dejen de revolcarse en la mentira, lean la ley", ha llegado a decir la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, que lamenta que el PP haya dejado pasar una "oportunidad para superar su complejo" con los temas relacionados con la memoria y el franquismo.
La ley recién aprobada da un paso más al establecer de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
Además, la ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, y amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, establece también que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, "según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable".
Por otro lado, la ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico.