El Senado aprueba definitivamente la ley de vivienda

El proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar el precio del alquiler, ha recibido esta tarde su aprobación definitiva en el pleno del Senado tras un debate marcado por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hecho hincapié en que esta ley "no va contra nadie" y ha ofrecido "colaboración" a promotores inmobiliarios y propietarios privados, mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha comprometido a hacerla cumplir "hasta la última coma".

La ley de vivienda, que ha tardado más de tres años en ver la luz, ha salido adelante en la cámara alta sin modificaciones en el texto que llegó del Congreso y con los votos a favor del PSOE, ERC, EH Bildu y partidos de la Izquierda Confederal (134 votos a favor, 117 en contra y una abstención).

En contra han votado, entre otros, el PP, PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN, que han sostenido que la nueva norma invade competencias, genera inseguridad jurídica, no va a bajar los precios del alquiler, permite la ocupación ilegal, desincentiva la puesta en arrendamiento de viviendas y supone injerencias en la propiedad privada.

BRONCA ELECTORAL

El debate de las seis propuestas de veto y 324 enmiendas parciales, que se ha prolongado más de cinco horas, ha estado salpicado de momentos de tensión por referencias, sobre todo por parte del PP, a la inclusión de antiguos presos de ETA que han cumplido condenas por delitos de sangre en las listas de Bildu, uno de los socios parlamentarios con los que el PSOE ha pactado la ley.

El senador del PP Pedro Rollán ha afirmado que "los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor (en Barcelona), con 21 muertos, cuatro de ellos niños, sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana de Madrid, donde fueron asesinados doce guardias civiles, y sobre los hierros retorcidos de la casa-cuartel de Zaragoza, donde les fue arrebatada la vida a once personas".

Rollán ha sostenido que en los países donde se han aplicado los topes al alquiler se ha reducido la oferta y ha sido un "desastre" y ha vaticinado que con esta ley pasará algo parecido a lo que ocurrió con la del "solo sí es sí", ya que "pretendiendo beneficiar a la emancipación de nuestros jóvenes serán los okupas, Bildu y ERC los que salgan ganando".

La senadora socialista Isabel Moreno se ha mostrado convencida de que "la derecha española llegará tarde a la limitación de precios", después de que la derecha bávara la haya extendido a 203 municipios alemanes, de que en Francia lo estén pidiendo también los alcaldes y de que en Holanda quieran llegar hasta el 90 % del parque.

La oposición también ha criticado la "tramitación exprés" del texto en esta cámara, donde solo ha habido tres días hábiles para presentar enmiendas, lo que han atribuido a los intereses electorales del PSOE.

"Es una chapuza legislativa, una ley de cara a la galería, más preocupada por las elecciones, por eso vamos tan deprisa", ha dicho el senador de Junts per Catalunya Josep Lluis Cleries, mientras que el de Cs Miguel Sánchez ha aseverado que ésta "no es una ley, sino un anuncio electoral".

Tanto Junts como el PNV han basado su rechazo a la ley en que limita el autogobierno de Catalunya y Euskadi, a lo que ERC y Bildu han replicado que utilizan ese argumento como "cortina de humo" y como "comodín para no decir que defienden el modelo conservador contra los avances sociales".

LÍMITES AL ALQUILER

Entre otras medidas, la ley de vivienda impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

En concreto, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.

Por otra parte, la ley permitirá rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en zonas tensionadas.

Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

INCENTIVOS FISCALES Y RECARGO AL IBI POR VIVIENDAS VACÍAS

En materia fiscal, se establece una mejora de la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Para ello, se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción del 50%, que podrá incrementarse en función de determinados criterios --zona tensionada, rehabilitación...--.

También se introduce una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en dicha situación, salvo causas justificadas de desocupación temporal.

Asimismo, se establece una modulación del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

VIVIENDA ASEQUIBLE INCENTIVADA

Se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de otorgar beneficios de carácter fiscal o urbanísticos a cambio de que las viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones), se destinen al alquiler a precios reducidos para aquellas personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.

La ley también contempla el impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida.

Además, se incrementan los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización), y del 10 al 20 por ciento en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).

En la ley también se establece la creación del Consejo Asesor de Vivienda, para asegurar la participación de todos los agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda.

Será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas públicas de vivienda, que estará integrado por representantes de los distintos Departamentos Ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, asociaciones del tercer sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.

Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas que definen un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de los supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.

Además, se refuerza el papel de los registros de demandantes para el acceso a la vivienda protegida y la fijación de los criterios objetivos de adjudicación.