El Pleno del Senado ha aprobado hoy por mayoría la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha incorporado distintas enmiendas para facilitar la adaptación del personal investigador y docente a las nuevas reglas.
El hemiciclo ha aprobado la reforma universitaria por 140 votos a favor (PSOE, ERC, PNV e Izquierda Confederal), la abstención de Junts, Bildu y el Partido Aragonés, y los votos en contra del PP, Vox, UPN y Partido Regionalista Cántabro, tras rechazar también por mayoría los sendos vetos planteados por Vox y PP.
De las 310 enmiendas presentadas, de ellas 114 del PP, el Pleno ha admitido cinco, tres de ellas negociadas sobre propuestas de Bildu, Esquerra, PSOE y Junts y que han contado con el aval de la mayoría de los grupos.
A resultas de ello se ha añadido una nueva disposición transitoria en relación a las convocatorias de los concursos para la cobertura de plazas de personal docente e investigador oficialmente publicadas antes del 31 de diciembre de 2023, de modo que estas podrán regirse ahora por la normativa vigente anterior a la LOSU.
Unido a ello se ha aprobado la adición de otra disposición transitoria para la adaptación del régimen de dedicación del personal docente e investigador permanente, aplicándose a partir del inicio del curso 2024-2025; y una modificación pedida por Junts sobre figuras vigentes de personal docente e investigador laboral.
A propuesta de Esquerra también se ha acortado el plazo para que el Gobierno presente en seis meses -en vez de un año- el Estatuto del Personal Docente e Investigador desde la entrada en vigor de la reforma universitaria; y otra de Junts sobre la internacionalización del sistema universitario para que se atienda en especial la cooperación transfronteriza.
Al final del debate, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha agradecido el trabajo de los grupos que ha permitido "reforzar las lógicas de transición de una ley de esta envergadura, acompasando esta transición a los ritmos de financiación que son imprescindibles y siendo conscientes de que no podemos alargar en demasía estos plazos para evitar que de hecho la ley se paralice".
El proyecto aborda retos como la democratización en el acceso a la Universidad; la internacionalización y la formación a lo largo de la vida, "tenemos una universidad muy centrada en los 18-29 años, que suponen el 95%" del estudiantado, ha dicho.
Durante su intervención, el popular Francisco Fragoso ha señalado que la ley no es la que necesita la universidad: "Es necesario pararse a reflexionar, buscar un nuevo texto que afronte verdaderamente los retos de las próximas generaciones".
"Esto solo se puede entender como una nueva humillación del gobierno ante los socios para mantenerse en la Moncloa o para hacer un 'check' en la reformas marcadas en el plan de recuperación para recibir el dinero de Europa", ha añadido Fragoso, que ha tachado de "mentira" que se garantice una inversión del 1 % del PIB.
En el mismo sentido, José Manuel Marín Gascón (Vox) ha señalado que la LOSU es contraria a lo que necesita la Universidad, no mejora la regulación existente y solo obedece "a meros fines de agenda política" que quiere implantar una "ideología de división y enfrentamiento".
La senadora socialista Carmen Torralba ha razonado que la ley permite adaptarse a los cambios sociales y económicos que se han producido desde la aprobación hace 22 años de la anterior ley (LOU) y ha negado que tenga por objeto "rellenar una casilla en los hitos comprometidos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia".
Tras señalar que la LOSU garantiza que los precios públicos de la matrícula solo podrán contenerse o reducirse progresivamente, ha destacado que por primera vez se reconocerá el paro académico, el derecho subjetivo a beca y se deja de "abusar de las figuras temporales precarias que rayaban en algunos casos el fraude de ley".