El exministro socialista Ángel Gabilondo ha sido elegido este martes nuevo defensor del Pueblo tras conseguir el apoyo de 216 senadores, superando así la mayoría de tres quintas partes del Senado necesarias para ser ratificado por la Cámara Alta. Así, queda definitivamente aprobado este nombramiento, que sustituirá a Francisco Fernández Marugán, que lleva en funciones desde julio de 2017.
La Cámara alta ratifica así la elección de Gabilondo que ya había salido adelante hace una semana en el Congreso, con el apoyo de 240 diputados, seis votos en blanco y tres nulos. En este caso, en el Senado ha obtenido 216 votos a favor y tan solo uno en blanco.
La del exministro socialista ha sido la única candidatura presentada a este cargo, tras un acuerdo alcanzado por PSOE y PP, de manera que ha sido la única opción para sustituir a Francisco Fernández Marugán, que ha ejercido de Defensor del Pueblo en funciones desde julio de 2017.
Gabilondo se convierte, así en el nuevo representante del pueblo, seis meses después de haber sido el candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid y cosechar el peor dato histórico de los socialistas en esta región.
CARRERA POLÍTICA
La carrera política de Gabilondo empezó en 2009, de la mano del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuando decidió nombrar al entonces rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) nuevo ministro de Educación. El catedrático de Filosofía también era en ese momento presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Tras su paso por el Ejecutivo --que acabó en 2011 con la llegada del PP a Moncloa--, Gabilondo decidió seguir vinculado al PSOE y a la política y, en las autonómicas de 2015, se convirtió en el candidato a presidir la Comunidad de Madrid.
En aquella ocasión logró superar ligeramente los resultados de su predecesor, Tomás Gómez, pero quedó tras el PP, sin posibilidad de gobernar. No obstante, en 2019 decidió repetir como candidato y en esa cita sí se hizo con la victoria --que el PSOE no alcanzaba desde el 87--, aunque no logró los suficientes apoyos para gobernar.
APOYO A LOS ACUERDOS
Antes de pasar por las votaciones del Congreso y Senado, el nuevo Defensor del Pueblo ha comparecido ante la Comisión Mixta de relaciones con esta Institución. En su intervención, que se produjo en la Cámara baja, Gabilondo defendió los acuerdos, la moderación y el diálogo como principales bazas para el ejercicio de su cargo.
Además, recordó que su nueva labor tiene un contexto distinto al vivido cuando ejercía cargos públicos en su etapa política. "No debo ser partidista, ni sectario", declaró.
"Entiendo que el buen funcionamiento del Defensor en esa medida en la que contribuye al orden político y a la paz social", apuntó, para añadir que también está en su labor "mostrar al parlamento y a los ciudadanos el funcionamiento de los poderes del Estado a través de las quejas de los ciudadanos".
SÉPTIMO DEFENSOR DEL PUEBLO
Gabilondo será el séptimo Defensor electo que ocupará el cargo desde la creación del mismo en 1982, hace ahora 39 años.
El primero de ellos fue Joaquín Ruiz-Giménez, exministro de Educación Nacional durante la dictadura y fundador, ya en democracia, del partido Izquierda Democrática, que ejerció durante 5 años, hasta 1987, cuando fue sustituido por su adjunto, Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado. Este doctor en Derecho, participó en la implantación de la Institución en España y contribuyó decisivamente en la redacción de su proposición de Ley.
Tras cumplir sus cinco años en el cargo, hasta marzo 1993, Gil-Robles fue sustituido durante 1 año y nueve meses (hasta diciembre de 1994) por la que fuera su adjunta, Margarita Retuerto. Si bien, ella fue la primera mujer en asumir este cargo, nunca lo hizo de forma oficial, sino como defensora en funciones. De hecho, tras ser cesada, volvió a ejercer de primera adjunta del Defensor durante dos años más.
MÚGICA, LA DEFENSORÍA MÁS LARGA
Fernando Álvarez de Miranda y Torres, presidente del Congreso durante la legislatura en la que se aprobó la Constitución de 1978, fue quien ocupó la defensoría del pueblo 1994 y 1999 y a él le siguió Enrique Múgica, el Defensor del Pueblo que más tiempo ha ocupado este cargo: desde el 15 de junio de 2000 hasta julio de 2010.
Además, el exdiputado socialista logró que su primera elección se realizara en una primera votación favorable superior a las tres quintas partes de los miembros de Congreso y Senado.
Tras finalizar el mandato del exministro del PSOE, fue su adjunta primera, María Luisa Cava de Llano. De nuevo, una mujer que no llegaría a ejercer de forma oficial, sino en funciones. Lo hizo durante dos años.
Así, no fue hasta el 23 de julio de 2012 cuando la primera mujer elegida por las Cortes ocuparía este puesto: Soledad Becerril. La exdiputada del PP fue también la primera ministra de la democracia, tras asumir la cartera de Cultura en 1981, en el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo.
Becerril terminó su labor al frente de la defensoría en julio de 2017 y fue sustituida por su adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, que ha ocupado este puesto en funciones desde entonces, hasta este martes. Se trata del periodo más largo sin un Defensor elegido por las Cortes desde la creación de esta Institución: cinco años y tres meses.
FUNCIONES Y PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.
Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
Solo hasta octubre de este año, la Institución ha recibido casi 22.000 quejas de ciudadanos, ha llevado a cabo 140 actuaciones de oficio y ha estudiado 146 peticiones para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presupuesto previsto para la institución en 2022 es de 18,6 millones de euros, lo que supone alrededor de un millón más que en el ejercicio anterior. En cuanto a la retribución de lo altos cargos de esta institución, en 2021 se destinaron 505.700 euros a los sueldos de Defensor, adjunto primero, adjunta segunda y secretario general.